El mundillo político se ha convulsionado por las amplias y escandalosas declaraciones del segundo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, servidas a cuatro columnas en la portada de “El País”. En esa entrevista se incluían insultos además de otras lindezas que, con la ley en la mano, podrían considerarse injurias, calumnias e incluso alguna atribución de delito al gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre..
Las declaraciones de Manuel Cobo a “El País” están montadas al aire como una piedra de bisutería en un aderezo. Se sustentan en una premisa falsa: que Esperanza Aguirre ningunea o desplaza a Rodrigo Rato en una supuesta carrera por la presidencia de Caja Madrid. Se quiere dar la impresión de que existe un enfrentamiento entre la presidenta madrileña y el ex – vicepresidente económico del Gobierno de Aznar y ex director general del Fondo Monetario Internacional. Nada de eso. El asunto se ha desmadrado con estas declaraciones de Cobo y ha pasado a ser una especie de “vendetta” con mal estilo contra la presidenta de una Comunidad Autónoma que, como ocurre en las demás Comunidades, tiene la responsabilidad de tutelar el proceso de renovación de cargos en la que fue vieja Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, presidida desde 1996 por Miguel Blesa que ha renovado mandato en dos ocasiones.
El menos avisado podría preguntarse ¿y cómo se monta este descomunal lío ante la renovación legal en la presidencia de una entidad financiera si el actual titular lleva a su frente nada menos que trece años?
La ley de Cajas (LORCA) atribuye la elección de sus órganos de Gobierno a las entidades representativas de la sociedad, parlamentos autonómicos, ayuntamientos, sindicatos, empresarios de la región, impositores…y son ellos los que tienen que proponer y deciden en su propio ámbito. En Madrid y en las demás Comunidades y en todos los procesos de renovación de sus órganos de Gobierno. Lo que provoca inestabilidad, paralización y perjuicio a Caja Madrid, como ocurriría en cualquier otra Caja, es la pretendida injerencia de quienes no forman parte de esos órganos de decisión y paralizan por todos los medios sus procesos naturales. No olvidemos que Caja Madrid no es una entidad cualquiera: es la cuarta entidad financiera de España. El daño da una sensación de inestabilidad que sería grave si se trasladase a los impositores, a los ciudadanos que operan con la Caja.
¿Qué ha ocurrido? La Asamblea de Madrid, con un acuerdo muy amplio, y ateniéndose a la legislación generalizada, abrió la representación en los órganos rectores a sectores representativos y a los municipios de una región como la nuestra que tiene ciudades de un enorme peso demográfico, de hecho de mayor peso demográfico que muchas capitales de provincia. Ello suponía una razonable presencia de municipios e instituciones, pero el Ayuntamiento de Madrid no lo entendió así, aunque la sensación fue que en realidad se quería blindar la continuidad de Miguel Blesa al frente de la Caja pese a que entonces no se había tratado el relevo en la presidencia de la entidad.
Cuando la Comunidad de Madrid consiguió, como es razonable que ocurra en todas la Cajas, un consenso con los grupos parlamentarios, partidos políticos de Madrid, empresarios y sindicatos para la renovación de los órganos directivos de Caja Madrid, acuerdo que, por cierto, no había sido posible con tal amplitud en ocasiones anteriores, el Ayuntamiento de Madrid, tras otras escaramuzas, presentó un recurso en los Juzgados de modo que se paralizaba el proceso electoral, que debía haber culminado en octubre, con el objetivo evidente de impedir que quien debe legal y legítimamente decidir lo pudiera hacer cuanto antes para evitar daños varios y desestabilizaciones en la entidad.
Parece claro que la responsabilidad de los perjuicios que esta situación está ocasionando al mantener abierto el proceso electoral en Caja Madrid es imputable a quienes sin corresponderles en la ley proponer y/o decidir más allá de sus atribuciones, quieren asumir tal condición por intereses políticos particulares. Lo que empezó como la defensa de la continuidad e incluso el blindaje de Miguel Blesa en la presidencia de la entidad resulta que es hoy, a la vista de las declaraciones de Manuel Cobo en “El País”, la defensa de Rodrigo Rato para tal cargo y la denuncia de que desde la Comunidad no se le quiere. Lo cierto es que todo este entramado de nada claros intereses reales dura ya más de un año.
No ha habido ni hay candidatos formales a presidir Caja Madrid. Con un método que se inventó Fouché para un emergente Bonaparte, alguien, que tampoco hay que ser demasiado listo para identificar, filtró a la prensa un nombre para quemarlo, y luego otro y otro y otro como acompañamiento de despiste. Y ahora, en esa línea, se lanza como pretexto una inexistente campaña contra Rodrigo Rato. Nadie duda de la competencia de Rato, el autor del llamado “milagro económico español” entre 1996 y 2004, aunque los Presidentes de otras Comunidades de todos los colores no parecen haber tenido en cuenta la idoneidad o experiencias anteriores a la hora de proponer a los electores sus candidatos a presidir las Cajas. El ex–vicepresidente del Gobierno Narcís Serra preside Caixa Catalunya porque así lo pidió a los órganos de la Caja el entonces Presidente de la Generalidad Maragall. El ex – diputado Juan Pedro Hernández-Moltó preside Caja Castilla- La Mancha porque Bono hizo lo mismo en su Comunidad. El catedrático de Medicina Julio Fermoso preside Caja Duero porque los electores de la Caja siguieron la propuesta de Herrera, presidente de Castilla y León, y el entonces presidente de Andalucía Chaves propuso como presidente de Unicaja a su ex– viceconsejero de Economía Braulio Medel, y consiguió la presidencia. El presidente de Caja Navarra es el propio Presidente de la Comunidad Foral Navarra, Miguel Sanz.
Si convenimos, y yo así lo creo, que la innecesaria defensa de Rato, que no necesita defensa alguna porque nadie le ataca, faltaría más, es sólo un pretexto para justificar los insultos, las injurias, las calumnias y los gruesos y barriobajeros ataques a Esperanza Aguirre y a su equipo por parte de Manuel Cobo, se hace evidente que lo que se ha presentado insólitamente como un servicio a Mariano Rajoy es, en realidad, un pulso al presidente del Partido Popular ya que se le coloca en la desagradable situación de tener que decidir sobre unas sanciones a Cobo que resultan necesarias para evidenciar su autoridad y para hacer justicia a la organización del Partido Popular en Madrid que es la más importante de España y gana elección tras elección. Una indeseable desmovilización por hartazgo o decepción del Partido Popular en Madrid sería muy grave para los intereses generales del Partido Popular que no son otros que los intereses de muchos millones de españoles.
Aquí no se ventila quién será presidente de Caja Madrid, que no es éste el ámbito de esa decisión. Lo que se ventila es si hay “barra libre” para que unos dirigentes del Partido Popular ataquen grave y agriamente a otros y no pase nada. O se trata de un partido que respeta sus normas internas y confía en la objetividad de las decisiones que los órganos competentes tomen sobre cada caso en los que se vulneren, o es una especie de ejército de Pancho Villa. Yo creo que el partido en el que milito desde hace muchos años es una organización seria. Y esta patata caliente la ha colocado Manuel Cobo en las manos de Mariano Rajoy. Aún más: Alberto Ruiz-Gallardón se apresuró a manifestar públicamente su apoyo a Cobo, por más que fuese innecesario. Nadie en el mundo mundial que conozca al alcalde y, sobre todo al vice–alcalde, puede pensar que las declaraciones han nacido de Manuel Cobo, que se definió un día públicamente como un “esclavo moral” del alcalde. Y no es la primera vez que el alcalde, quedándose detrás, utiliza a su estrecho colaborador como ariete. La vez anterior, Congreso Regional de 2004, le salió mal. Acaso de ahí vengan muchas actitudes posteriores. Las gruesas críticas a Esperanza Aguirre son aún más sorprendentes dado que Cobo, siguiendo a Ruiz-Gallardón, apoyó decididamente a Aguirre en su reelección en el Congreso Regional de 2008.
Mientras se habla de “despolitizar” las Cajas, el alcalde de Madrid dice que él apoyará al candidato a la presidencia de Caja Madrid que decida el presidente de su partido, y hasta el propio Zapatero se permite opinar sobre el presidente que preferiría. ¿Y la opinión de quiénes tienen en realidad y según la ley que elegirlo? La paralización del proceso electoral tan buscada, y conseguida hasta ahora, impide que conozcamos esa opinión que, en definitiva, es la única que legalmente cuenta. Porque por este camino de despropósitos acabará siendo decisiva la opinión del propio Zapatero con sólo mover la intervención del Banco de España. Alguien dirá entonces como Sansón “muera yo con todos los filisteos” cuando se derrumben las columnas del templo.
Con todo este lío, y supongo que la coincidencia es casual, el Gobierno de Zapatero recibe un inesperado (?) balón de oxígeno después de que Rajoy noqueara a Salgado en el debate presupuestario, en pleno escándalo del caso “Faisán” y tras la corrupción socialista en Cataluña que deja como un “monopoli” infantil al cacareado caso Gürtel. Una vez más pasan a un segundo plano los desastres del Gobierno y no se habla de otra cosa que de las dichosas declaraciones de Cobo. Por cierto, Prisa (“El País”) debe a Caja Madrid más de seiscientos millones de euros. Desde este dato las cuatro columnas de la portada que ese periódico dio a la entrevista de Manuel Cobo y el generoso despliegue en páginas interiores se me antoja una racanería. Se hubiera merecido un cuadernillo a todo color.







