La justicia y la política

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La judicialización de la política es una creciente tendencia de la izquierda y sobre todo del PSOE. Esa práctica en el Partido Popular ha sido mínima y cuando se ha producido ha desembocado en campañas feroces de la oposición; recordemos el recurso del Estatuto de Cataluña ante el Tribunal Constitucional.

Lo he recordado al menos en otra ocasión. Desde que gobierna Rajoy los socialistas han recurrido ante el Tribunal Constitucional alrededor de quince leyes; la primera a las pocas semanas de formarse el Gobierno.  Además, aparte de los casos ante el Tribunal Constitucional, numerosas decisiones de Gobiernos Autonómicos y Ayuntamientos  han recabado en los juzgados. A menudo los jueces están suplantando, en cierto modo, al poder ejecutivo elegido en las urnas. No es insólito que las sentencias, además de argumentos jurídicos, recojan argumentos subjetivos, extrajurídicos, de modo que se producen sentencias contradictorias sobre una misma norma. Incluso, por ejemplo, en la decisión de unir varios procedimientos similares en un mismo juzgado o sala, el criterio judicial es recurrido y los propios jueces son coaccionados por el político de turno cuando sentencian en contra de los intereses partidistas.

Nos inundan los llamados jueces mediáticos proclives a manifestarse en los medios de comunicación, cuando lo normal, lo lógico y lo profesional debería ser que los jueces se manifestasen a través de sus sentencias. Si a estas anomalías se añaden los continuos  ejemplos de incumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, los anuncios de alguna Comunidad Autónoma de que no acatará determinadas leyes antes incluso de haberse iniciado  su debate en el Parlamento, el acoso de ciertos políticos y colectivos a los jueces que no les dan la razón, y la persistente percepción que tiene el ciudadano de que la cercanía ideológica de los jueces a unos u otros partidos puede condicionar sus sentencias, hemos de convenir que la situación en general no es halagüeña. En España no es extraño que un  ciudadano que recurre a los tribunales en un asunto sensible pregunte a su abogado: “¿Por qué lado se mueve este juez?”. El lado por el que se mueva el juez, si es zurdo o diestro, debería ser indiferente cuando se trata de impartir justicia.

El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha puesto el dedo en la herida refiriéndose a una sentencia concreta, pero el valor de sus palabras va más allá de un caso determinado y su interpretación tiene alcance general. Lesmes ha dicho que es preciso encontrar “un equilibrio prudente entre lo que puede y no puede controlar el juez” para no caer “en la concepción utópica de que el juez tiene el poder de ejercer un control ilimitado sobre el contenido de todas las decisiones que adoptan los demás poderes constitucionales”. En opinión del presidente del Tribunal Supremo el juez no puede “invadir el espacio reservado a la decisión política, aunque ésta no les guste o venga precedida o provoque una gran alarma social”.

El jurista lleva su criterio más allá: “El respeto y la salvaguarda del principio de división de poderes supone aceptar una serie de limitaciones al acto judicial de control consistentes en atender a la función constitucional que a cada poder le incumbe”, y “existirá, sin duda, un control social y político (parlamentario) de estos actos políticos, pero el control judicial sólo puede fundarse en infracciones del ordenamiento jurídico, no en criterios extrajurídicos, pues de hacerlo así incurrirá en exceso de poder o exceso de jurisdicción”. Queda muy claro el papel de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, sin mezcla ni confusión entre ellos que sea asumible en un Estado de Derecho.

En la senda que inició Garzón, cuya ideología y sus servicios a ella no son ningún misterio, han aparecido diversos jueces estrella que actúan desde una estrategia que se diría diseñada al milímetro, ya que sus actuaciones y las filtraciones correspondientes, aventadas por quien sea, que el origen casi nunca llega a conocerse, responden a momentos en los que cada paso en la instrucción adquiere especial relevancia y ruido mediático. El juez Garzón pasó de ser juez estrella a ser juez estrellado, y su peripecia judicial fue manipulada, falseada y ocultada en parte, ya que las movilizaciones y actos en su apoyo de sectores de la izquierda, tras ratificar el Consejo General del Poder Judicial su expulsión de la carrera por 20 votos de 21, ocultaban los motivos de la acusación, que eran varios y graves, simplificándolos en que con su alejamiento se quería impedir la investigación de los crímenes del franquismo, lo que no era en absoluto cierto. Por otra parte, la práctica de ordenar escuchas entre acusados y sus abogados, produciendo indefensión, no era la primera vez que la empleaba Garzón.

En esa deriva de judicialización de la política hay que añadir como último episodio el anuncio de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, que es el título de la que vulgarmente conocemos como nueva ley del aborto. Es un anteproyecto, no ha llegado al Parlamento, y la sobreactuación de Rubalcaba y su entorno no es razonable y supone un desprecio a la institución en que reside la soberanía nacional. En vez de repetir  un viejo catón la izquierda debería explicar la razón que lleva a considerar progresista la defensa del aborto y de extrema derecha la defensa de la vida.

Resulta que Rubalcaba acusa al Gobierno de Rajoy de no cumplir su programa (debido, por cierto, a cómo dejaron los socialistas el país), y cuando lo cumple se encabrita. Zapatero no llevaba en su programa la llamada ley de memoria histórica, un bodrio hasta en su propia contradicción conceptual, y ahí está aún sin derogar.

El débil líder del PSOE se ha metido en un jardín al anunciar que llevará al Parlamento Europeo la defensa del derecho de la mujer a abortar libremente. O le han informado mal o juega de farol. El ministro de Justicia se lo ha recordado al referirse a que no hace quince días, el 12 de diciembre, el Parlamento Europeo ya votó una propuesta en ese sentido presentada por una diputada socialista portuguesa y fue ampliamente derrotada. Los socialistas están en minoría también en Europa, y Rubalcaba parece ignorar ese detalle.

El Gobierno ha actuado en esta ocasión con una estrategia ofensiva, no defensiva. El mismo día del Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de la Ley, viernes pasado, decidió “internacionalizar” el debate sobre la reforma de la ley del aborto para que muchos países europeos revisen sus legislaciones, y con ese fin promoverá  un debate en el Parlamento Europeo en el que se explique el reconocimiento del nasciturus como bien jurídico y cómo sus derechos han de equilibrarse a los de la mujer embarazada. En la defensa de la reforma que el Gobierno quiere hacer en Europa destacará como novedad el hecho de que en ningún caso se castigará penalmente la conducta de la mujer. Ruiz-Gallardón confirmó que será el Grupo Parlamentario Popular Europeo el que se encargará de abrir el debate y el objetivo es que se visualice en Europa la minoría en la que se encuentran los socialistas en este asunto.

España está vinculada por la Convención de la ONU que señala en su artículo 10 que “los Estados parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”, lo que recoge el anteproyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados.

Considerar el aborto como un exclusivo derecho de la mujer es un disparate. El lema “Mi cuerpo es mío, yo decido” olvida que en ese cuerpo crece otro. Un ser indefenso que no ha pedido estar allí, pero que está allí. ¿Es que estas mujeres no han visto una ecografía? Es  tan delirante como aquella afirmación de Bibiana Aído: “Para mí un feto de trece semanas es un ser vivo, claro, pero no podemos hablar de ser humano porque no tiene ninguna base científica”. ¿Y en qué semana, según Aído, pasa el feto de ser vivo a ser humano? La que no tiene ninguna base ni científica ni humanística es ella; habría que jurar que un personaje capaz de tal juicio se ha sentado a la mesa del Consejo de Ministros de esta vieja nación nuestra, y aun así muchos lo dudarían. Una de los caprichos de Zapatero.

Rubalcaba y sus mariachis lo tienen crudo en el Parlamento Europeo y el anunciado recurso de Susana Díaz zozobrará en el Tribunal Constitucional. Es insólito que se proponga recurrir un texto que hoy por hoy no es más que un anteproyecto; su anuncio viene avalado por los muchos años que tardó Susana Díaz en cursar la carrera de Derecho. El recurso sólo aumentará el número de asuntos presentados por los socialistas y será un ejemplo más de judicialización de la política.

Montesquieu no ha muerto, en contra de la célebre  declaración de Alfonso Guerra, y la separación de poderes es una premisa del Estado de Derecho. La invasión de un poder por otro es una aberración. Lo es cuando el poder ejecutivo invade o trata de condicionar al poder judicial, y cuando el poder judicial suplanta al poder ejecutivo. Las opiniones de Carlos Lesmes son por ello relevantes y merecen una profunda reflexión de quien corresponda.

PD.- ¿Alguien se ha detenido a valorar el silencio de Rosa Díez sobre esta nueva ley  del aborto? Dijo a media voz que no era partidaria. Luego mutis. No quiere manifestarse porque aun piensa engañar a votantes de la derecha que no se han percatado todavía de que UPyD es la marca blanca del PSOE. Su arma es la indefinición en lo que no le conviene mojarse. Y los continuos abandonos de dirigentes y agrupaciones enteras de su partido apenas reciben unas líneas perdidas en los periódicos. Qué habilidad.

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4 comentarios to “La justicia y la política”

  1. Adán Moreno. Says:

    Voy por partes como decía Jack The Ripper:
    En España no existe división de Poderes, y en todo caso el Judicial no es un Poder, sino una función subordinada al Ejecutivo y Legislativo. Si el Poder Judicial fuese Poder y estuviera separado de los otros Poderes, no habría (como el propio Gallardón reconoció cuando estaba en la oposición) un Ministerio de Justicia porque sería el propio CGPJ quien realizase la función de nombrar, organizar y proponer medidas legislativas, entre otras funciones importantes.
    Del PSOE sin comentarios, esos perros rabiosos se comentan solos.
    El proyecto de Ley del Aborto no me parece mala, pero el propio Gallardón reconoció que era una Ley ideológica (y religiosa). Como reconoce la propia Rosa Díez, no toma en cuenta la sociedad española actual, sino los prejuicios de su autor. A mí personalmente me gusta la Ley de 1985, a la que añadiría también el supuesto de una vida digna para el nasciturus, es decir, me apunto al punto de vista que tiene el excelente periodista y escritor Arcadi Espada, estoy a favor del aborto libre cuando vaya a venir al mundo una persona con una grave enfermedad y a sufrir.
    Me resulta muy extraño que todavía esté vigente el bodrio de la Ley de la “desmemoria histérica”, es que el PP no tiene lo que hay que tener para hacer una Ley de la Historia de España. La memoria es selectiva, la Historia es Ciencia. Complejos desde la blanca izquierda (PP). Prefiero una izquierda rosa, a una izquierda blanca y blanda.

  2. Bvnda Says:

    Es ciertamente lamentable la realidad que expresa Van Halen cuando refiere que “En España no es extraño que un ciudadano que recurre a los tribunales en un asunto sensible pregunte a su abogado: “¿Por qué lado se mueve este juez?”.Es ésta, sin duda, una cuestión principal que precisa de una profunda reflexión y consecuente actuación pues en ello nos va mucho. No en vano, la separación de poderes, es uno de los valores fundamentales en los que se asienta cualquier Estado Democrático y de Derecho. Hacer de Don Tancredo en cuestión tan elemental sólo podrá traer tristes consecuencias.

  3. OPCH Says:

    De los diferentes debates que pueden suscitarse de este “La justicia y la política” el más importante, por tratarse de una cuestión que deriva del Derecho Natural o, incluso más, por tratarse del primero de los derechos naturales del ser humano, es el que gira alrededor de la reforma de la conocida como ley del aborto. Me causan especial sorpresa determinadas declaraciones de partidarios del PP, en especial las de Monago, que parecen fruto de una brutal indigestión de polvorones con indeseables efectos neuronales. El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 2011 señala al respecto de la reforma en cuestión: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida”. Pues eso. No hay sorpresa alguna o no debería haberla. El gobierno de Rajoy no puede ser criticado por cumplir su programa electoral.

  4. Garry Ruiz Says:

    El quórum del Tribunal Constitucional es de siete de sus miembros. El Tribunal, en Sala Plena, resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos en los que se exigen cinco votos conformes.

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