Sobre sentencias y opiniones

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Estaba  generalmente admitido que los jueces hablan sólo a través de sus sentencias. Al Ejercito le llamaron en la Francia de hace más de un siglo el “gran mudo”, y pareció que la Justicia era también una gran muda, además de ser ciega y por ello se la representa con una venda sobre los ojos. Eran otros tiempos. Luego aparecieron las filtraciones incontroladas de los sumarios, incluso de los declarados secretos, cuyo origen nadie investiga ni esclarece. Son recibidas con naturalidad; todo el mundo espera que un informe en la instrucción de un sumario se filtre. Y paralelamente aparecieron los llamados jueces estrella que, a mi juicio, han acabado dañando la imagen de la Justicia. La historiografía enseña que  el mayor daño a la Justicia suele producirse en las revoluciones, periodos excepcionales en los que una supuesta “justicia popular” se hace desde la guillotina o el paredón. Aún no había jueces estrella, que suelen largarlo casi todo y a veces parece que les atraen más los micros y las cámaras que al ocasional compañero sentimental de alguna famosa o famosilla.

Vivimos la sorpresa de ciertas sentencias que son recibidas con el consabido “se respetan pero no se comparten”. En el texto de esas decisiones judiciales se incorporan consideraciones políticas y sociales, quiero pensar que sólo porque reflejan opiniones personales de los magistrados ponentes o firmantes aunque surten su efecto. A menudo  el cuerpo legal aplicable se evapora entre estas opiniones.

Es el caso de la decisión -no quiero pensar que influida por la movilización a las puerta del Tribunal mientras la Sala se reunía- del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con la proyectada externalización de la gestión de varios hospitales de la Comunidad de Madrid. Hay antecedentes, y numerosos, no sólo en otros Estados de la Unión Europea, sino también en otras Comunidades Autónomas españolas, como Andalucía, Asturias o Cataluña. En la propia Comunidad de Madrid cuatro hospitales se gestionan desde hace años con este sistema a plena satisfacción de pacientes y personal. Sin embargo, los jueces entendieron que debían mantener la suspensión cautelar de la medida, después de casi un año, incluyendo en su auto consideraciones ajenas a lo que podría entenderse como apelación a la norma ya que se aducía, entre otros argumentos, un hipotético riesgo a la hacienda de la Comunidad, consideración que en todo caso correspondería evaluar al Gobierno regional legítimo que recibió apoyo más que suficiente de los electores para tomar las decisiones que le son propias y esperar el veredicto  de los ciudadanos sobre su gestión en los siguientes comicios. No hay que remontarse a Montequieu. El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y los jueces imparten la Justicia. Una responsabilidad imparcial; incolora, inodora e insípida como el agua.

La inmediata renuncia al proyecto de externalización decidida por el Gobierno de la Comunidad no se debió a las “mareas” provocadas por intereses partidistas y corporativos, ni al aderezo esperpéntico de Tomás Gómez y sus palmeros, que no habían cambiado durante meses la voluntad de hacer asumible la Sanidad madrileña mediante esa fórmula, estrictamente legal, sino a la decisión judicial que, sin entrar en el fondo de la cuestión durante un largo periodo de tiempo, al mantener la suspensión cautelar del proyecto prolongaba una situación ya insostenible y, eso sí, en perjuicio real, y no hipotético, de la hacienda  de la Comunidad y de los intereses ciudadanos. Hay cuestiones en las que ganar tiempo es perderlo. Otra vez: respeto la sentencia pero no la comparto.

La por ahora última sentencia sorprendente legaliza el acoso, y reconoce la calle como “propiedad” de quien la toma sin permiso ni notificación preceptiva alguna. Otra sentencia recibida por muchos con el “se respeta pero no se comparte”. Según la ponente, Isabel Valldecabres, los acosos de ciudadanos en sus domicilios son  “mecanismos ordinarios de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo”. Se refiere a un hecho concreto: el acoso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y a su familia en su domicilio, acorralados por unos centenares de vociferante. Soportaron agresiones verbales de grueso calibre. Con esta sentencia cualquiera podrá ejercer su “participación democrática” desde el grito, la pancarta y la violencia verbal, atemorizando en sus casas no sólo a políticos sino a cualquier ciudadano cuyas actitudes u opiniones  incomoden a algún colectivo, y de paso a sus familias y a sus vecinos. ¿Es esto violencia? Para los jueces, no.

La ponente, señora Valldecabres, autora de tal doctrina, fue asesora de ministros socialistas de Justicia: Belloch, López Aguilar… y de la inolvidable Bibiana Aído. Esta jurista, que no sé si llegó a la judicatura por oposición o accedió por el llamado “cuarto turno”, denunció en su día con contundencia las “cartas insultantes y vejatorias” recibidas por la ministra que ella asesoraba y las concentraciones vecinales en su pueblo aunque Aído no estaba allí, porque  nunca así “se había atacado a un ministro del Gobierno de España”. La cuestión está en adivinar si la señora Valldecabres hubiese sentenciado lo mismo en el caso de que la acosada hubiera sido la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega en los tiempos de su feliz protagonismo gubernamental. Otra incógnita es saber con qué comprensión recibirían la ponente  y los otros jueces firmantes de la sentencia si, lo que obviamente no es deseable,  padeciesen, ellos y sus familias, y sus vecinos, un acoso similar en sus domicilios como  “mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo” de unos centenares de ciudadanos ruidosos.  De  nuevo: respeto la sentencia pero no la comparto.

Suplantar con el griterío y la algarada en la calle la voluntad popular expresada en las unas, que es la voz de la democracia en un Estado de Derecho, es un disparate, y que haya partidos políticos que no lo condenan y lo asumen como algo natural es un despropósito mayor. A menudo esas movilizaciones van unidas a violencias, incendios  y daños a propiedades, como últimamente en el barrio burgalés de Gamonal o en Alcorcón.

Vivimos tiempos de reforma, y una reforma que no gustará a sus señorías los jueces pero que se me antoja urgente es que aquel miembro de la carrera judicial que opte por aceptar una responsabilidad política no pueda regresar al independiente e imparcial ejercicio de instruir sumarios y dictar sentencias. Resulta inevitable que esa independencia e imparcialidad, aunque pudiera no resentirse merced a la titánica voluntad de sus protagonistas, siempre estará bajo la sospecha de los ciudadanos. Los miembros de la Fuerzas Armadas que entran en política quedan fuera de la carrera militar; por igual motivo, o más justificado, el mismo tratamiento debería aplicarse a los jueces.

Y no sólo hay sentencias sorprendentes. La Justicia se enfrenta a otro grave escollo: el pertinaz incumplimiento de las sentencias por parte de la Generalidad de Cataluña, que no se priva de anunciar que no cumplirá las que no le gusten. Así ha ocurrido con pronunciamientos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Son pésimos ejemplos que nos acercan a la ley de la jungla; imaginémonos que proliferasen los ciudadanos que entendiesen las normas, y en consecuencia las sentencias, y en definitiva la legalidad, según su personal criterio. Nadie pagaría impuestos, nadie ajustaría su conducta al Derecho, y viviríamos en una falsa Arcadia feliz a costa de los ciudadanos honrados y cumplidores.

La complacencia de un buenismo suicida sólo conduce al agravamiento de los problemas, no a su solución. Si se hubiese atajado, con la ley en la mano, la primera consulta independentista en un ayuntamiento catalán, no estaríamos ahora envueltos en la pesadilla del “derecho a decidir” ni tendría fecha una fantasmagórica consulta soberanista. Hacer cumplir la legalidad en la primera ocasión en que se vulnera evita males mayores. Ahí tenemos la anunciada utilización de los censos municipales para elaborar el censo electoral de la ilegal consulta. Que yo sepa no se ha atajado esta proclamada ilegalidad. No tomar decisiones a su tiempo supone, casi siempre, tener que tomarlas a destiempo y más dolorosas. Padecemos la reiterada amenaza de un “choque de trenes” y probablemente lo responsable y lo correcto hubiese sido mantener el tren no constitucional en las cocheras. Es esperpéntico que quien ostenta, como Presidente, la “representación ordinaria del Estado en su Comunidad” se convierta en ariete frente al Estado y su Constitución.

La galopante judicialización de la política se ha deslizado, y puede deslizarse más aún, hacia sentencias que incorporen valoraciones políticas y sociales, no meramente jurídicas, y esas opiniones personales, por muy respetables que sean, desorientan a los ciudadanos y, en definitiva, sobran. Deseo que la baja consideración que, según las encuestas, tiene el españolito de a pie de los políticos no se traslade a los jueces más de lo que lo ha hecho hasta ahora. La fe en la independencia e imparcialidad de la Justicia es manifiestamente mejorable. El Consejo General del Poder Judicial tiene mucho que decir. Ya lo ha dicho en el caso del juez Elpidio Silva, presunto sospechoso de llevar su inquina personal más allá de la ley, pero debemos reconocer que en ese camino el Gobierno de los Jueces tiene mucho tajo. Y es obvio que todo lo anterior queda escrito con el respeto que merecen quienes sirven con rigor, imparcialidad y sin dejarse impresionar por presiones la alta e independiente responsabilidad de impartir Justicia, que son la inmensa mayoría de los jueces.

 

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3 comentarios to “Sobre sentencias y opiniones”

  1. Adán Moreno. Says:

    Mi enhorabuena por su acertada reflexión. Como esta mañana también reconocía doña Esperanza Aguirre el la COPE, la Justicia en España es deplorable. Gallardón no está a la altura que se le esperaba, el posible Delfín se ha convertido en una sardina, en la oposición decía unas cosas y en el Gobierno hace lo contrario (con razón le llamaban el “progreso” porque miente más que habla). “Vamos a contar mentiras tra-la-ra”.

  2. Una feminista Says:

    Como siempre, su post pone “el dedo en la herida”… abundando en ella, pongo otro ejemplo.
    Nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha dictado suficientes sentencias: 188/1987, 216/91, 28/92, 16/95… para establecer la legitimidad de las acciones positivas frente a la desigualdad. Incluso el TC establece que “no toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad…” (STC 128/87) en referencia a las denominadas a acciones de discriminación positiva (básicas en las políticas sociales de la Unión Europea, y confirmadas jurídicamente a partir de la conocida “Sentencia Kalanke” del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE) de 17 de octubre de 1995). Si después de más de 25 años seguimos encontrando a personas con responsabilidades de gestión en temas de Igualdad que se permiten obviar esta realidad, a mi no me sorprende que demasiadas veces, se sustituyan las sentencias de los tribunales por interpretaciones partidistas y sectarias.
    En definitiva, como usted dice Van-Halen, “El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y los jueces imparten la Justicia.” Añadiría, y todos cumplen las leyes.

  3. Wolfgang Says:

    Extraordinariamente preocupante es el asunto que aborda Van Halen en esta ocasión. El Estado de Derecho y la democracia no pueden permitirse el lujo de dejar erosionar uno de sus tres pilares fundamentales. Y, sin embargo, esta lesión se está produciendo. Es inaudito que los jueces se concedan la licencia de entrar en juicios de valor fuera del Derecho a la hora de impartir Justicia pues desde el momento que así lo hacen la Justicia ya no es tal. El Consejo General del Poder Judicial, sin duda, debe emplearse más a fondo en el ejercicio de sus competencias o todos lo lamentaremos en un futuro sí así no lo hiciera .

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