Cobrar a Google, misión casi imposible

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Como las comedias de Lope de Vega pasaban “en horas veinticuatro de las musas al teatro”, el ministro José Ignacio Wert ha pasado en horas veinticuatro de villano a héroe. Criticado por el colectivo del cine, con desbordada soberbia, por su inasistencia a la gala de los Goya, Wert es elogiado por los periódicos tras llevar al Consejo de ministros, que lo aprobó, un proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual cuyo meollo es que los agregadores de contenidos (como Noticias de Google) paguen un canon a los editores de prensa por la reproducción de sus informaciones. Si Wert se hubiese presentado en la entrega de los Goya con ese as de la baraja en la manga acaso los cómicos hubiesen sido más moderados en sus insultos y hubiesen deslizado en sus intervenciones algún elogio. El opulento Bardem no; es un caso perdido. Trata de perdonarse a sí mismo la incoherencia entre lo que dice y lo que hace por medio de latiguillos canónicos de la izquierda e insultos a quienes ha elegido por su cuenta como adversarios políticos. O sea, la derecha como un dragón devorador de cien cabezas.

El proyecto de Ley que habrá de seguir su trámite parlamentario y, por tanto, sufrir los cambios que las mayorías decidan, profundiza, además, en el funcionamiento de las sociedades de gestión de derechos de autor, redefine la copia privada y facilita más aún el cierre de páginas de enlace P2P. Se trata de un paso más, que probablemente no será el último, en la lucha contra la piratería. Pero la piratería es mucho más. No se puede pensar desde el rigor y el realismo que los piratas hundan sus barcos.

Cuando escribo estas líneas nadie conoce, si excluimos a Wert y a sus colaboradores, el contenido pormenorizado del proyecto. Conocemos lo que anunció el ministro: acota el derecho de cita de los agregadores o buscadores en Internet, de modo que reconoce el derecho de las empresas editoras a recibir una compensación económica por la difusión de sus contenidos. Los agregadores de contenidos que operan en España son muy pocos y el más relevante, con casi el 95% del mercado, es Google.

El proyecto se ha recibido con división de opiniones. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) se ha declarado satisfecha con una medida que considera “paso importantísimo”. La Coalición de Creadores de Industrias de Contenidos se ha mostrado disconforme y ha pedido “medidas más eficaces”. La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI) ha reaccionado negativamente y ha acusado al Gobierno de “tímido contra la piratería”. La Confederación de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) ha considerado el proyecto “una frivolidad”. A las entidades de gestión de derechos Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)  y Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) tampoco les ha gustado el proyecto y exigen “actuaciones más claras y radicales”. Nunca llueve a gusto de todos.

El PSOE, que no es precisamente la “leal oposición de Su Majestad”, acaso por falta de británicos, ha valorado el proyecto negativamente porque “ha faltado un diagnóstico riguroso de la situación” y un “diálogo sustantivo” con los sectores afectados para alcanzar un “consenso sólido”. A los socialistas, que nunca aceptaron consenso ni siquiera escucharon a quienes no fueran afines, por ejemplo en un proyecto tan negativo y creador de división en la sociedad como la llamada Ley de Memoria Histórica, que no iba en su programa electoral, se les llena la boca pidiendo consensos. No han aceptado ni una sola iniciativa del Gobierno, y han amenazado con derogar todo lo hecho desde la llegada de Rajoy a la Moncloa si llegan a gobernar, de modo que sabemos lo que van a destruir pero no han dicho una palabra sobre lo que construirían si un día rigen el país solos o en compañía de otros. Colocar dinamita en los cimientos es más fácil que levantar el edificio.

El proyecto presentado por el Gobierno no concreta demasiado y quedan muchas preguntas en el aire. Aún no ha comenzado el trámite parlamentario y es de esperar que todo vaya aclarándose. El Ministerio y los editores resaltan que este canon o tasa compensará el uso que hace Google, entre otros agregadores, de contenidos que no les pertenecen sin más. Pero ¿existe realmente el perjuicio para los editores y el beneficio para los buscadores? Los visitantes de las webs de los periódicos llegan a ellas a través de los buscadores, sobre todo de Google Noticias, y más visitas suponen más ingresos por publicidad.

Este proyecto no es una innovación en Europa. Hay antecedentes significativos cuya experiencia debe tenerse en cuenta. Alemania, Italia, Portugal, Francia y Bélgica vivieron historias similares. Los resultados han sido distintos pero han coincido en la negativa de Google a pagar. Los Parlamentos, los Ejecutivos o los Jueces han tenido que intervenir, y en todos los casos Google amenazó, y en algún caso llevó a cabo, como en Francia, el cierre de sus Noticias. En nuestro vecino del norte se llegó a una solución pactada con una aportación voluntaria de 60 millones de euros del buscador a los editores para incentivar su paso a la era digital. Pero no aceptaron la tasa después de un proceso complejo.

El cierre de Google Noticias a los que más perjudicaría sería a los propios periódicos en un momento delicado en el que la prensa escrita atraviesa una pavorosa caída de las ventas. Según diversas estimaciones, en España los menores de cuarenta años comúnmente no compran periódicos; viven ya la era digital. Si no los encuentran en Internet buscarán otras opciones. Las vías establecidas por algunos periódicos para ofrecer suscripciones de acceso a sus ediciones en formato digital no han respondido hasta ahora a las expectativas esperadas. Google es un gigante económico. En 2013 ingresó casi 45.000 millones de euros y sus beneficios netos fueron de casi 10.000 millones. Estas cifras permiten al buscador aguantar cualquier embestida. La aceptación de una donación voluntaria, como en Francia, es cosa bien distinta a asumir una obligación de pago establecido. En nuestro país podría irse a esa solución de compromiso.

Pretender cobrar a Google es casi una misión imposible, y esto lo saben el Ministerio y los editores. Se abre por ello un largo y complejo proceso. El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tiene otros objetivos que no deben quedar oscurecidos por lo que destacan lógicamente los periódicos, que es la tasa a los agregadores por el uso de contenidos. Son importantes las medidas relativas al funcionamiento y control de las sociedades de gestión de derechos de autor. Sobre ese aspecto del proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no se ha insistido lo suficiente, sobre él se ha pasado de puntillas, no debe considerarse en un segundo plano.

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4 comentarios to “Cobrar a Google, misión casi imposible”

  1. Wolfgang Says:

    Entendida la prudencia como virtud parece oportuno aplicarla en este asunto, dado que el texto no es definitivo y es seguro que sufrirá cambios hasta que finalmente sea promulgado. Pero no obstante lo antedicho, y dadas la experiencias vividas en otros países, no es descabellado sino más bien al contrario, coincidir con el planteamiento que hace Van Halen de que será misión imposible cobrar a Google por la vía de la tasa. Y es que estamos ante un gran monstruo que cuenta para su resistencia al pago con grandes fortalezas que son capaces de perjudicar a quienes, precisamente, la ley trata de proteger. La lógica y la experiencia parece que habrá de llevarnos a una solución diferente a la que inicialmente se plantea.

  2. Bvnda Says:

    Lo que no sorprende en todo este asunto de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual es la postura del PSOE que, para no variar, es la de siempre. La de oponerse sin presentar alternativa alguna. Pues nada. A buscar un color no utilizado aún para teñir la camiseta-protesta, búsqueda que se me antoja misión más imposible aún que la de tratar de cobrar a google.

  3. OPCH Says:

    Mucho dará aún que hablar esta reforma que no ha hecho más que empezar el largo trámite que habrá de completar hasta llegar a su aprobación definitiva. Igual que mucho ha dado y da que hablar el debate sobre el estado de la Nación recién celebrado. Y en este campo se pongan como se pongan los socialistas lo cierto y verdad es que Rajoy es muy difícil de superar. Y es que ni siquiera Rubalcaba, que este año ha salido más airoso de lo que salió el pasado, consigue hacer sombra al gran parlamentario que es el Presidente del Gobierno. Para Rubalcaba, por tanto, su misión imposible es ganar un debate a Rajoy.

  4. elena Says:

    Nadie menciona que desde el 2010, cuando CEDRO, la SGAE de los libros, la sociedad que gestiona los derechos de escritores y editores, le pidió a las Universidades pagar un canon por el material que utilizaban en sus campus virtuales. Las Universidades se defendieron diciendo que ahí solo se compartían materiales de cada profesor y en Creative Commons. CEDRO entonces contrató detectives privados en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Autónoma de Barcelona, demandó a los centros y les pidió 5 euros de canon por alumno.

    Las Universidades perdieron los juicios porque se aplicaron los razonamientos utilizados desde siempre para las fotocopiadoras, sin tener en cuenta que hablamos de campus virtuales, algo completamente diferente. Posteriormente se apelaron esas sentencias con la misma tesis del caso que dio la razón a YouTube frente Telecinco. En ese caso se estableció que quien es propietario de una red (un campus virtual), no tiene tiempo de vigilarla, sobre todo cuando acceden millones de personas. Si alguno de los propietarios de derechos de autor detecta una vulneración, debe contactar con YouTube para que retire el contenido.

    Ahora el Ministerio de Cultura ha vuelto a la carga con la reforma de la LPI creando un canon: las Universidades públicas y privadas tendrán que pagar 5 euros por alumno. Si coges el número de alumnos y Universidades, sale a 8 millones de euros anuales a favor de CEDRO. Y todo por publicar objetos bajo Creative Commons. Eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos, y no la tasa Google. Un disparate. Y un buen negocio para CEDRO (o sea, Planeta, Antena3, La Sexta, La Razón, etc. Esto es lo importante porque la tasa Google al ciudadano de a pie le importa cero. Y no nos olvidemos: Google es una compañía que gana millones, tributa en Irlanda y aquí no nos deja nada.

    Por otro lado, Google lleva clientes a los medios de comunicación y ¿le quieren cobrar? Es el mundo al revés. Es pedirle a alguien (Google) que te da notoriedad y visitas que encima te pague.

    La nueva norma, defectuosa en si misma, tampoco diferencia entre agregadores en los que son los usuarios quienes cuelgan los fragmentos (Menéame, Facebook, Twitter) frente a otros como Google News. Lo de intentar cobrar un canon a Google ha sido un total fracaso en países como Francia o Alemania, En Bélgica Google quitó a los periódicos de Google News. Pero luego, al perder tráfico, los periódicos pidieron otra vez a Google entrar, en plan “¿no te importa seguir mandándonos tráfico?”. En Alemania Google quitó a los medios y les dio un plazo de un mes para decidir si querían entrar de nuevo, pero no les paga nada.

    Y volviendo a CEDRO, no existe un solo país en Europa donde una asociación privada como esta, se esté apropiando de la investigación. Esto es muy serio. ¿Esta es la corrupción que se quiere evitar? ¿Tendrá que ser Europa quien nos salve de esta cleptocracia?

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