En manos de los jueces

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Adelanto mi respeto y acatamiento a todas las decisiones judiciales; pero ese respeto y ese acatamiento no implican compartirlas siempre. Estamos en manos de los jueces, y esa realidad en un Estado de Derecho supone una garantía, pero España es un país -no me consta que el único pero aquí sí ocurre- en el que cuando un ciudadano se ve ante un juez por un asunto más o menos delicado, lo primero que pregunta a su abogado es “¿Quién es el juez?”, “¿Qué juez nos ha tocado?”  El españolito de a pie malicia que el resultado de su litigio dependerá del juez, de sus ideas, de sus actitudes personales, aparte de las razones legales. No será así (no quiero creerlo), pero  muchos usuarios de la Justicia, que es un servicio esencial, así lo creen.

Se decía que los jueces sólo opinaban a través de sus sentencias. Desde que aparecieron los llamados “jueces estrella” el dicho ha caído en desuso. Los jueces opinan y a algunos les gusta más aparecer en los medios de comunicación de lo que sería conveniente y prudente. No es ningún secreto que los ciudadanos piensan, con razón o sin ella, que no pocas veces quienes tienen la alta responsabilidad de sentenciar se dejan influir por la opinión publicada. Hay casos sonoros que parecen avalarlo.

Algunas sentencias y decisiones sobre casos referidos a medidas de las Administraciones  públicas incluyen argumentos que no son estrictamente jurídicos, sino que van más allá. Por ejemplo, la célebre decisión de prolongar, al parecer “sine die”, el bloqueo del proceso de externalización de servicios en ciertos hospitales de la Comunidad de Madrid. No se sentenciaba sobre el fondo de la cuestión pero se paralizaba de nuevo el proceso haciéndolo, de hecho, inviable, y el Tribunal opinaba sobre si era bueno o malo desde el punto de vista de la  Hacienda, asunto que en todo caso compete a los órganos del Ejecutivo Autonómico que son quienes han de dar cuenta de su gestión a los ciudadanos, que lo refrendarán o no con sus votos. Máxime cuando esa fórmula ya venía empleándose desde hace años en varios hospitales de la Comunidad de Madrid, a plena satisfacción de los usuarios, y en otras Comunidades  Autónomas. Reitero que respeto esa decisión judicial que, además, queda ya atrás; la propia Comunidad de Madrid decidió dar carpetazo a la externalización de aquellos servicios hospitalarios.

Podrían recordarse numerosos ejemplos, pero me referiré a uno actualísimo. El español de origen magrebí Jamel Herradi, que el pasado viernes día 2 amenazó con explosionar un artefacto en un tren en la estación de Atocha, al grito de “¡Por Alá me suicido¡” haciendo cundir el pánico, provocando cuatro heridos por fortuna leves, y activando la circular 50 del protocolo antiterrorista, ha sido puesto en libertad por el juez, sin medida cautelar alguna, con la imputación de desórdenes públicos. Herradi se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde 2013, y tiene un antecedente reciente por amenazas y violencia de género, con orden de alejamiento.

Como respuesta a la por fortuna no confirmada amenaza terrorista fueron desalojados la estación y los trenes de AVE y Cercanías, se cortó al tráfico la glorieta de Atocha, se desviaron los autobuses y el Metro, se  movilizaron los servicios de emergencias, y los especialistas en desactivación de explosivos, Tedax, comprobaron que no había materiales peligrosos. Es obvio que todo ello produjo innumerables incomodidades, sin duda alguna con consecuencias, en muchos ciudadanos que no pudieron cumplir sus planes. Está ya en la calle un maltratador, con orden de alejamiento, y además en tratamiento psiquiátrico. Sin medida cautelar alguna. ¿Cuándo y dónde repetirá su actuación? ¿Está en riesgo la vida de la mujer a la que maltrató? ¿Quién garantiza el pago del cuantioso dinero público que generó la activación de la circular 50 del protocolo antiterrorista?

No hace tanto tiempo, a mediados de diciembre, trece magistrados del Tribunal Supremo, dirigieron un escrito a su Presidente y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, manifestando su desazón por unas declaraciones periodísticas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que consideraba “lamentables” las excarcelaciones de etarras, entre ellos el sanguinario Santi Potros.  Esas afirmaciones pudieron ser oportunas o  no, pero los magistrados firmantes del escrito consideraron que este tipo de declaraciones “provocan falta de confianza en las instituciones”. Desgraciadamente, según no pocos ciudadanos, la confianza en las instituciones no atraviesa su mejor momento, responda o no esa percepción a la realidad.

Rafael Catalá, ministro de Justicia, defendió que el titular de Interior fue “absolutamente respetuoso” en sus declaraciones sobre las excarcelaciones de etarras por la Audiencia Nacional, y se refirió al derecho a la libertad de expresión de los miembros del Gobierno, dentro del “respeto a la división de poderes” establecida por la Constitución. Catalá añadió que, a su juicio, esas decisiones judiciales “fueron comentadas desde la política” y deseó del Tribunal Supremo una doctrina “común” que impida que existan “resultados paradójicos” en relación con las excarcelaciones de etarras a raíz del acuerdo marco europeo que permite descontar a los presos españoles las penas que hayan cumplido en otros países de la UE. No me consta, por eso no insisto en ello, si ese “permitir” equivale en este caso a un mandato o sólo a una posibilidad que ha de decidirse en cada situación. En definitiva si ha de convertirse o no en un coladero generalizado.

Resulta curioso que los miembros de un Gobierno, de  cualquier Gobierno, pudieran ser los únicos ciudadanos que no gocen del derecho a la libertad de expresión. Puede decirse, que en cierto modo y en ese aspecto, el país está enfermo. Todos recordamos que ha habido jueces que consideraron que unos energúmenos que insultan al Rey o queman su fotografía están amparados por el derecho a la libertad de expresión, y no pasa nada, mientras quienes discrepan de determinadas decisiones judiciales, aunque las respeten y acaten, por más que puedan escandalizar a muchos ciudadanos, no gozan de ese derecho.

Estamos en manos de los jueces, más propiamente dicho: de la Ley, y dentro de la división de poderes, es lo  deseable y normal.  Pero el factor humano cuenta. Para bien y para mal.  No invento nada; es lo que piensa el ciudadano de la calle. Y lo escribo desde mi sacrosanta libertad de expresión. Faltaría más.

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9 comentarios to “En manos de los jueces”

  1. denis parquer Says:

    Por desgracia tenemos que confiar en la Justicia terrenal, y no en La Divina, Esa vendrá después, mi hija tendrá que rendir unas cuentas injustas que le exige El IVIMA, por necesidad tuvo que mudar el Padrón para solicitar una plaza en un Instituto Publico y empadronarse con sus padres a pesar de no haber vivido JAMAS con los mismos, vivió siempre con su abuela, Ella por necesidad física necesitaba de su nieta, acompañó en su intento de subrogación de documentos que demostraban que Patricia siempre vivió con su abuela, Patricia gana como sabadera 300€ al mes, pedirá ABOGADO de OFICIO, para recurrir al TSJM en Enero del 2015, no tiene propiedad alguna donde ir si la desahucian, es justo? .Ella nació en un piso del que La abuela fue expropiada, y que a su vez procedía de otra expropiación de una casita baja donde hoy esta la Ciudad Sanitaria de La Paz, La primera subrogación que hice como padre se hizo en Enero del 2006, tengo la documentación de la misma, El IVIMA no encuentra la documentación ” completa” por perdida de parte de esa documentación, posiblemente la expropiaran de sus DERECHOS por un fallo de la Administración, espero que Dios no lo permita Señor D.Juan Vanhalen. Con mis saludos y respetos.

  2. Wolfgang Says:

    Ni pizca de razón le falta a Van Halen en esta reflexión titulada “En manos de los jueces”. La percepción de los ciudadanos es que la Justicia es una especie de suerte de lotería que depende del Juez donde caiga el asunto. Es innegable, y también legítimo y natural, que toda persona tiene una ideología política. Y los jueces no son ajenos a ello. Cada uno de éstos tendrá la suya propia. Y hasta ahí todo normal. Pero lo que no es aceptable es que esa ideología impregne sus resoluciones. Y esto sucede. Una reforma de la justicia, que es precisa y hasta urgente, debería tener presente esta realidad para tratar de erradicarla.

  3. Bvda Says:

    Singular indignación me produjo la noticia de que algunos Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo habían elevado a su Presidente, Carlos Lesmes, un escrito para exigir a Mariano Rajoy que pusiera coto a las declaraciones como las realizadas por el Ministro del Interior en relación a las excarcelaciones de presos de ETA. Con ello, se daba la paradoja de que quienes deben garantizar la libertad de expresión se convertían en una especie de censores por el simple hecho de que el objeto de la opinión crítica eran ellos mismos. Hizo muy bien el Ministro es manifestar lo que en conciencia opinaba pues, en otro caso, no hubieran faltado quienes le hubieran hecho responsable de una decisión que le era totalmente ajena y aún contraria a lo que él entendía que debería haberse dictaminado en sede judicial. Los jueces están en su legítimo derecho de pedir e incluso exigir que sus resoluciones se acaten y se cumplan pero no de que no se critiquen. Por cierto, hablando de cumplimientos de sentencias, no existen, que a mi me conste, cartas de ningún juez o jueces exigiendo al Presidente del Gobierno que sus resoluciones se cumplan en Cataluña. Cuando menos, curioso el contraste entre una y otra reacción.

  4. Observador Says:

    La Fiscalía ha dado la razón al ministro del Interior al concluir que la Audiencia Nacional no obró respecto a Derecho en la liberación de etarras ya que la Unión Europea no exigía descontar las penas cumplidas en el extranjero y esa decisión era optativa de los tribunales nacionales en cada caso, Los jueces del Tribunal Supremo firmantes de la carta de protesta al ministro al parecer no tenían razón. Así se da un nuevo paso en la maltrecha credibilidad de las Instituciones,

  5. Ariel Says:

    Los franceses han dado un ejemplo de unidad y de firmeza. Las Fuerzas de Orden Público no han dudado en abatir a los asesinos. A los tres. La televisión lo ha dado casi en directo. ¿Qué hubiese pasado en España? La izquierda estaría acusando a la policía de su rudeza, de “exceso de respuesta” y más de uno memo estaría acusando a la policía de ser la culpable de la muerte de los rehenes de la tienda judía… Somos “diferentes”. Y claro que lo fuimos en nuestro caso más parecido, el terrible atentado del 11 de marzo de 2004. Hollande citó en el palacio presidencial a todos los líderes políticos, y consiguió la unidad de todos comprometiéndolos desde el primer momento. Aznar no convocó ni escuchó a los líderes de la oposición y eso dio pretexto al manipulador Rubalcaba para lanzarse contra el Gobierno, y convocar a las manifestaciones contra las sedes del PP. Ahora se sabe que fueron los socialistas, y los que años más tarde son Podemos, quienes convocaron las manifestaciones violando el Día de Reflexión por primera vez en la historia de nuestra democracia. Aznar se equivocó, hay que reconocerlo. Y los socialistas hicieron lo de siempre: Pensar más en ellos mismos y en su partido que en España.

  6. Martín-Martín Says:

    La familia Pujol casi al pleno (padres e hijos) están implicados directamente en presuntos delitos diversos que, en parte al menos, fueron reconocidos en su día por el patriarca don Jordi. Pues bien: los jueces han entendido que ninguno de ellos debía ingresar en prisión preventiva, cuando es obvio que por su fortuna conocida en varios países (algunos de sus paraísos fiscales han sido descubiertos, incluso los últimos en estos días, otros probablemente no se conocen todavía) puede haber riesgo innegable de fuga. ¿A qué se debe que los jueces no hayan enviado a prisión a los Pujol? ¿La Justicia es, de verdad, igual para todos? Más bien creo que lo que ocurre es que esas preguntas que usted escribe en su post “¿Quién es el juez?” o “¿Qué juez nos ha tocado?” habría de ampliarse con otra pregunta: “¿Quién soy yo?”, porque de la persona que se enfrente a la Justicia parece que dependerá su futuro carcelario o en libertad, al menos hasta el juicio… Verlo de una manera más objetiva parece ser un sueño. Con menos presuntos delitos de los que se acusa a los Pujol hay muchos corruptos cumpliendo prisión preventiva para que no puedan ocultar pruebas o no haya riesgo de fuga. La diferencia: no son “honorables” de título, ni son la familia ni el titular del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

  7. Observador Says:

    La sentencia del Tribunal Supremo desarbola la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar etarras por una fórmula europea que ahora se entiende no era aplicable e iba en contra de una ley que entraría en vigor al día siguiente pero que, sin duda, los señores magistrados ya conocían porque se había publicado días antes en el BOE. Y de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que decidieron las excarcelaciones ¿que? ¿Va a intervenir el Consejo del Poder Judicial? ¿Se les van a exigir responsabilidades? ¿Se va a abrir una investigación? Y más: de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, Santi Potros y los demás pluriasesinos excarcelados deberían volver a prisión ¿los tienen localizados las Fuerzas de Seguridad? Los 13 magistrados del Tribunal Supremo que protestaron contra unas declaraciones del ministro del Interior, a los que se refiere el autor del blog ¿enviarán una carta al Presidente del Supremo y del Poder Judicial retractándose? ¿Pedirán perdón a las víctimas del terrorismo? “En manos de los jueces” es un gran título y trata una cuestión que nos preocupa mucho a los españoles. Enhorabuena, Van Halen.

  8. Una feminista. Says:

    Este mediodía el Tribunal Supremo, con nueve votos frente a seis, ha desestimado el recurso del etarra Kepa Pikabea para que le fueran descontados de su condena en España, los años cumplidos en Francia. En consecuencia, al establecer el Supremo el que no se sumen las penas, Santi Potros tendrá que volver a la cárcel.
    Parece que las declaraciones del ministro Fernández Díaz fueron, cuanto menos, ponderadas. No se lo que harán con su carta los firmantes, pero ahora tendrían que escribir otra felicitando al ministro por su certero análisis.
    Van-Halen, el suyo, como siempre, también lo es.

  9. Patricia R. Says:

    Con los jueces ocurre, en cierto modo, como con la versatilidad de juicio de los políticos: todo es según el color del cristal con el que se mire. Por ejemplo, lo de “un error ético” que es lo que para Alberto Garzón, dirigente de IU, cometió Tania Sánchez al votar a favor de subvencionar a su hermano con más de 1,2 millones de euros de dinero público, y mentir luego ante la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Rivas (que gobiernan sus compañeros de IU). Pablo Iglesias, pareja de Tania, la ha defendido. La izquierda no ve la viga en su ojo y sí la paja en el ojo de los demás. El “error ético” si lo hubiese cometido cualquier otro dirigente de un partido hubiese generado una polvareda mediática y la petición generalizada de la izquierda de su inmediata dimisión. Aunque sea anecdótico y no un claro caso de tráfico de influencias como es lo de Tania, hay que recordar el caso de Esperanza Aguirre que por una falta de tráfico (ya reconocida como tal por la Fiscalía) ciertos políticos de izquierda (los de la paja y la viga en el ojo) lo consideraron delito, y pedían desgañitándose su dimisión… ¡Y no ostenta ningún cargo institucional!

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