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Lo que no se le puede pedir al Rey, y un poco de Historia

20 junio 2014

De las contadas abdicaciones vividas por la Monarquía española la más parecida, en sus circunstancias, a la de Juan Carlos I es la de Carlos I. Recordaré algunas páginas de la Historia.

La abdicación de Felipe V fue fallida ya que tuvo que retomar el trono al morir su hijo Luis I. Las de Carlos IV y Fernando VII fueron forzadas; la primera por el Motín de Aranjuez, promovido por el propio Príncipe de Asturias, y la segunda por Napoleón que no había reconocido al heredero como Rey. José I Bonaparte huyo de España y devolvió la Corona a su hermano el Emperador tras encajar derrota tras derrota y sentirse un títere de sus generales que atendían las órdenes de las Tullerías y no las del Palacio Real de Madrid. Isabel II fue destronada y abdicó en su hijo Alfonso ya en su exilio parisino. Amadeo I abandonó el trono cansado y arrepentido de haberlo aceptado por la insistencia de Prim. Alfonso XIII abandonó el país tras unas elecciones municipales que, además, habían ganado las candidaturas monárquicas, y abdicó en su hijo Juan un mes antes de morir en París, en 1941. Don Juan, sin haber ejercido como Rey, traspasó en 1977 sus derechos dinásticos a su hijo Juan Carlos cuando llevaba ya reinando dos años. Don Juan hubiera reinado como Juan III, y no han sido pocos los monárquicos que hubiesen deseado que quedase con ese ordinal regio en la Historia de España, pese a no reinar de hecho, como sucedió con Juan I, Luis XVII o Napoleón II de Francia. Sin embargo, sus restos serán depositados  en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial. Ahora esperan en el llamado “Pudridero”.

Carlos I de España, el Emperador, abdicó la corona en su hijo Felipe II  en 1556 y se refugió del mundanal ruido entre los monjes jerónimos de Yuste; tenía 56 años y el Príncipe de Asturias 29. Fue un digno sucesor de su padre, defendió sus dominios, reinó en Portugal y fue monarca consorte de Inglaterra e Irlanda, al tiempo que consolidó sus inmensos territorios ultramarinos. Que sea un gran Rey, un digno sucesor de su padre, es lo que los españoles esperamos de Felipe VI. Y hay motivos fundados para esperarlo. Es el Príncipe de Asturias más preparado en toda la Historia de la añeja Monarquía española. Aparte de su experiencia, ningún Rey pasó por la Universidad, circunscribiendo su formación a las enseñanzas militares, mientras Felipe VI cursó, además, la carrera de Derecho, y tuve ocasión de recordárselo públicamente cuando inauguró en 1998 la nueva sede de la Asamblea de Madrid durante mi presidencia. Su familiaridad con el Derecho, con atención especial al Derecho Político y Constitucional, le llevan a no sentirse ajeno a las instituciones en donde se debaten y aprueban las leyes.

Esta cercanía fue recordada por el propio Rey en su discurso del acto de proclamación  ante las Cortes Generales, en las que se residencia la soberanía nacional, cuando destacó su “convicción personal de que la Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España” y su expresa referencia a sus deberes constitucionales: “Un Rey debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas y, por ello, ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, asumir su más alta representación y arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”.

El Rey se  mostró exquisitamente respetuoso con el principio de separación de poderes ya que debe “cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación -a quien corresponde la dirección de la política nacional- y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial”.

Por todo ello no entiendo que, precisamente desde posiciones políticas a menudo alejadas de la Monarquía Parlamentaria que figura como forma política del Estado en el artículo 1.3 de la Constitución, y desde otros ámbitos más mediáticos que institucionales,  se esperasen declaraciones de Felipe VI referidas a aspectos controvertidos, más concretos y actuales , incluso un anuncio de reforma constitucional, o una referencia al cacareado referéndum soberanista anunciado por Artur Mas. Es aún más delirante que alguien esperase, como he leído en algún blog, que de un modo u otro, el discurso abriese la posibilidad de una consulta popular sobre la forma de Estado. Ni Mas ni Urkullu aplaudieron el discurso del Rey, y Mas convocó a los periodistas tras el acto para declarar que no había escuchado lo que esperaba. Por encima de justificaciones mostrencas, el gesto de ambos presidentes autonómicos, que lo son merced a la Constitución, no pasa de ser una evidencia de mala educación.

El Rey es el primer español y el primer servidor de las leyes. ¿Cómo podía esperar alguien otra cosa? No se le puede pedir más de lo que puede y debe decir como monarca  constitucional. Felipe VI lo dejó muy claro en otra referencia de su discurso: “Quiero reafirmar, como Rey, mi fe en la unidad de España, de la que la Corona es símbolo. En esa España, unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos”. Es obvio que sólo no caben quienes se autoexcluyen por la trampa infantil de los hechos consumados que, en definitiva, conducen a situaciones indeseables. El diálogo que se pide nunca puede consistir en un cínico “o haces lo que yo demando o rompo la baraja”. Eso se acerca más a un chantaje con destino equivocado.

Los monarcas del Reino Unido leen en el Parlamento al inicio de cada legislatura el discurso programático que les prepara, línea a línea, el Primer Ministro de turno, que es quien marca la política del Gobierno de Su Majestad. Felipe VI, ya lo expresó ayer, sabe y lógicamente respeta que es al Gobierno de la Nación “a quien corresponde la dirección de la política nacional”.  Parece que a Mas, a Urkullu y a otros, les encantaría en este caso una Monarquía absoluta y no una Monarquía parlamentaria en un Estado de Derecho con una Constitución que a todos obliga por igual. El Rey reina pero no gobierna.

Y eso es lo que debemos esperar de su reinado que deseo fructífero y lleno de sabidurías. Una renovación, que está garantizada por el cambio generacional, y atendiendo a las demandas de los nuevos tiempos. En este sentido fue meridianamente claro en su defensa de los principios constitucionales, y en su apuesta de mirar al futuro. La intervención de Felipe VI ante las Cortes Generales fue una lección de realismo y de modernidad.

Mi única discrepancia en estos días históricos no se refiere al discurso del Rey sino a cierta nueva simbología. Me ha sorprendido la supresión de la cruz de Borgoña y de las flechas y el yugo de los Reyes Católicos en el nuevo guión real, acaso por afición a estos temas y por mi pertenencia a las Reales Academias de la Historia y de Heráldica y Genealogía. La recuperación del carmesí como color del estandarte de Felipe VI creo que es un acierto, y no sólo por diferenciarlo del escudo de su padre, sino porque recupera una tradición que en el guión de Juan Carlos I, sobre fondo azul, se había truncado.

La cruz de Borgoña fue incluida en los escudos y banderas desde 1506, con la llegada de la Guardia Borgoñona de Felipe el Hermoso, y ondeó quizá por primera vez como emblema español en la batalla de Pavía de 1525. Como bandera fue utilizada por los Tercios españoles y unidades de los Ejércitos en los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. La cruz de Borgoña, sobre fondo blanco o amarillo, se usó como bandera militar hasta que en 1843 un Real Decreto de Isabel II convirtió la roja y gualda en bandera nacional, porque hasta entonces sólo había sido destinada a los buques de la Armada desde el Real Decreto de Carlos III en 1785,  y desde 1793 también para que ondeara en los puertos, fuertes y fortines costeros de la Armada.  Yo la he visto ondear, junto a la bandera de las barras y estrellas, en el Fuerte de San Cristóbal y en el Castillo de San Felipe del Morro, en San Juan de Puerto Rico. Y también en los Países Bajos; recuerdo una iglesia de Güeldres coronada por este emblema.

El yugo y las flechas de Ysabel y Fernando, como la granada (que sí permanece en el escudo de Felipe VI y en el de España) representan la rememoración histórica de un reinado que consiguió el fin de la reconquista, y con ella un paso decisivo para la unidad nacional, y afrontó la gesta americana. Es un símbolo que se remonta al siglo XV y que figuraba en la  mayoría de los escudos del tiempo de los Reyes Católicos. El yugo, además de la inicial de la Reina, simbolizaba la unión de los reinos de Castilla y Aragón, y las flechas, además de la inicial del Rey, representaban a los reinos que componían entonces España.

Me resisto a creer que quienes han aconsejado prescindir de la cruz de Borgoña y del yugo y las flechas se hayan apuntado a la consideración  elemental  de unir esos símbolos a determinadas significaciones políticas contemporáneas, lo que recordaría la ignorancia de aquel concejal de Cáceres, de cuyo nombre no quiero acordarme, que mandó desmontar un escudo histórico de un monolito dedicado a Cristóbal Colón porque creyó que el águila de San Juan y las flechas yugadas eran franquistas, por lo de la llamada “ley de memoria histórica”, una de las normas que ha evidenciado, acaso como ninguna otra, una ignorancia histórica más generalizada de lo esperado. Esa ley ha dad0 lugar a un amplio anecdotario de meteduras de pata. Pero si la exclusión de esos símbolos del guión de Felipe VI  no se debe a tales lecturas políticas contemporáneas, la verdad es que no se me ocurren  motivos para justificar este olvido  de los Reyes Católicos.

Tenía razón el nuevo Rey cuando ayer decía ante las Cortes Generales: “Hoy es un día en el que, si tuviéramos que mirar hacia el pasado, me gustaría que lo hiciéramos sin nostalgia, pero con un gran respeto hacia nuestra historia; con espíritu de superación de lo que nos ha separado o dividido; para así recordar y celebrar todo lo que nos une y nos da fuerza y solidez hacia el futuro”. Palabra de Rey.

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Mis recuerdos de Adolfo y teoría de la desmemoria

24 marzo 2014

Hace años se publicó una especie de hagiografía de Felipe González que se titulaba algo así como “Todos me llaman Felipe”. A Adolfo Suárez todos le llamaban Adolfo. Era cercano y poseía un atractivo y una capacidad de seducción que se apreciaba en las primeras conversaciones y fue una de sus infalibles armas políticas, además de su inteligencia y su valentía a la hora de tomar decisiones. Ha muerto por segunda vez porque, en cierto modo, para sus leales amigos había muerto ya hace once años.

Traté mucho a Adolfo desde nuestro tiempo de TVE, entonces la única televisión de España. Él era jefe de programas, y luego director de la 1ª cadena y secretario general de aquella casa, y yo colaboraba en espacios culturales, además de ser asesor del Gabinete del entonces ministro Manuel Fraga. Un día me llamó Adolfo y me encargó el espacio final de la programación diaria, “El alma se serena”, que era una antología de poemas y textos literarios breves de escritores vivos, especialmente escritos para aquel espacio, en el que colaboraban autores de prestigio, premiados y académicos, desde poetas supervivientes de la generación del 27 hasta jóvenes promesas de las letras. Como el tiempo no pasa en balde, en Internet he leído a algún indocumentado que confunde “El alma se serena” con “Meditación”, un mini-espacio lleno de moralina que nada tenía que ver. La dirección, selección y encargo de los textos era mía, el soporte de imágenes era de Guillermo Summers y las voces de Luis María Payán y Manuel Dicenta, entre otros grandes recitadores. El programa se inició en 1966 y permaneció en pantalla, cada día, durante más de dos años. Le sucedió, con la misma fórmula, “El oro del tiempo”, bajo la dirección de José García Nieto, el gran poeta y luego académico y Secretario de la Real Academia Española, que tanto me ayudó, y era como un segundo padre para mí.

Mi relación con Adolfo se mantuvo durante su etapa de gobernador civil de Segovia; me invitaba a pronunciar conferencias, la mayoría de las veces como pretexto para almorzar juntos y comentar, acompañados casi siempre por Fernando Abril, presidente de la Diputación segoviana, que luego sería vicepresidente de su Gobierno. Igualmente nos seguimos tratando durante su permanencia al frente de la Dirección General de RTVE, cuando ya figuraba yo en la plantilla de aquel poderoso medio. En aquel tiempo acudía a presentaciones de mis libros y a mis firmas de ejemplares en la Feria del Retiro. Entonces conocí también a sus hermanos Ricardo y José María.

Cuando el Rey decidió que Adolfo fuese presidente del Gobierno y se inició de hecho y de derecho la transición, hablaba a menudo con él en el Congreso de los Diputados en donde ejercía yo de cronista parlamentario. Fue un tiempo que nunca olvidaré. Los políticos tenían altura de miras, un constatado patriotismo (término aún no devaluado por la izquierda) y un afán cierto de superar el pasado que los desunía en busca de un futuro que los acercara. Fue la hermosa lucha por el consenso, por el compromiso de todos en una misma dirección más allá de las diferencias ideológicos. Nada que ver con el panorama actual. Allí hice muchos amigos políticos de todos los colores; entre tantos otros Enrique Múgica, Ramón Tamames, Luis González Seara, Miguel Herrero de Miñón, José Manuel Otero Novas, Enrique Tierno Galván y Enrique Curiel. Con Felipe González había compartido varias horas muy al principio de la transición cuando en 1976 le dediqué el primer fascículo de la colección “Los líderes” que escribí y coordiné.

Viví el 23-F en el Congreso de los Diputados y me las ingenié para pasar por la sala de los relojes en la que los golpistas habían aislado a seis diputados, entre ellos Adolfo, Felipe González, Carrillo y Fraga.  Se cruzaron nuestras miradas y no me pareció, lo conté entonces, ni abatido ni sorprendido. ¿Por qué había dimitido el Presidente? Pese a ser dolorosamente cierta aquella frase que le había dirigido Guerra: “la mitad de los diputados de su grupo se entusiasman cuando habla Manuel Fraga y la otra mitad cuando habla Felipe González”, lo que suponía una ruptura evidente de UCD, no creo que dimitiese por las deserciones internas de los suyos hacia un lado u otro del mapa político, ni creo que fuese porque notase una pérdida de confianza del Rey, ni siquiera por el llamado “ruido de sables”. A Adolfo le sobraba valentía para no tirar la toalla ante la posibilidad de un golpe.

Creo que el Presidente dimitió (el único Presidente que lo ha hecho) porque intuyó (o supo) que aquella vez en el “ruido de sables” había alguna connotación singular que podía llevar a su triunfo  y que supondría la llegada al Gobierno, sin elecciones,  de una izquierda impaciente que no desdeñaba esa vía. Había ocurrido con el acceso al poder del general De Gaulle, aceptado por la Asamblea Nacional Francesa. Cuando el Rey nombra al general Alfonso Armada Comyn segundo jefe del Estado Mayor del Ejército en contra del criterio del Presidente, se atribuye a Adolfo una premonición supuestamente hecha a Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey: “Éste nos va a dar el golpe”. Al final, el anuncio se cumplió y fue paradójicamente el golpista Tejero quien, en buena medida, hizo zozobrar aquel golpe de diseño al negarse a que Armada hablase al Pleno del Congreso de los Diputador para proponer un Gobierno presidido por él, con Felipe González de Vicepresidente y con ministros de diverso pelaje político, incluso comunistas. “Para eso no hemos llegado hasta aquí” parece que le dijo el guardia civil sedicioso a su general.

Hay que analizar aquella frase enigmática incluida en la intervención televisada en que Adolfo anunció su dimisión el 29 de enero de 1981: “Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. Por eso dejaba la Presidencia. Sabía lo que decía y porqué. Un golpe aunque sea de diseño, de salón, es una quiebra de la normalidad democrática pese al disfraz utópico que le atribuyan quienes lo promueven y dirigen. La llegada del general De Gaulle al Elíseo, desde la asunción en un primer momento de amplísimos poderes personales, produjo la defunción de la IV República Francesa y el nacimiento de la V. Lo que Armada y los suyos ambicionaban era algo que entonces se llamó “golpe de timón” cuyo calado ni se conoció entonces ni se conoce después de más de treinta años.

Ahora, en esta España que elogia siempre a sus muertos y que tiene espíritu de crespones y alma de viuda, han coincidido todos en sus elogios a Adolfo, pero quienes lo vivimos no podemos olvidar el permanente acoso a que le sometió el PSOE en el último año de su Gobierno. Fue inmisericorde y en muchos aspectos puede decirse que vil. Probablemente Adolfo no entendió que lo que se esperaba de él concluía con la aprobación de la Constitución que supuso, en buena medida, el fin del pactado consenso. Incluso el hombre que le empujó a las alturas cumpliendo “lo que él Rey me ha pedido”, Torcuato Fernández Miranda, es más que probable que entendiera que, una vez desmantelado el aparato del franquismo pasando “de la ley a la ley”, Adolfo sobraba y tenían que seguir la tarea personas con otros mimbres, por ejemplo él mismo. Adolfo se había definido como “un chusquero de la política”, y tras la Constitución no estaba el horno para “chusqueros”. Sin olvidar que para la consolidación institucional resultaba conveniente un pase por la izquierda, la alternancia normal en el Gobierno. Más tarde, a mi juicio, Adolfo se equivocó al crear el CDS; nunca entendió el fracaso de su nuevo partido, aunque obviamente lo aceptó democráticamente, porque no calibró la cruel desmemoria del pueblo español. Para bien y para mal.

Esa desmemoria la estamos viviendo cada día en el caso de la crisis económica. Se olvida quienes la acrecentaron por no tomar medidas a tiempo; es obvio que no se puede atajar lo que se niega. Basta leer las consignas en forma de pintadas que una tropilla de bestias dejaron el pasado sábado en algunas calles de Madrid, además de un rastro de acciones vandálicas que la Justicia dejará probablemente impunes y cuyos cuantiosos daños tendremos que pagar los demás ciudadanos. ¿Cuándo alguien decidirá que en manifestaciones que llevan banderas y pancartas de partidos políticos y sindicatos sean esas organizaciones quienes paguen los daños que se produzcan en los bienes públicos y privados si no son capaces de garantizar, con un servicio de seguridad propio, el control de los que luego resultan supuestos “incontrolados”? Se mantiene comúnmente que las manifestaciones nada tienen que ver con los hipotéticos actos vandálicos que puedan producirse a su culminación, pero en los graves sucesos del pasado sábado se evidenció lo contrario. Willy Toledo, el payasete que vive feliz en el paraíso castrista, actuó como interviniente y vocero de los convocantes y convocados a la manifestación y al día siguiente se manifestaba ante los Juzgados para pedir la libertad de los “camaradas secuestrados” (no delincuentes detenidos). El mismo que habló el día 22 en nombre de la “dignidad” al otro día defendía a unos bestias que habían destrozado bienes públicos y privados y pedían a los sanitarios que dejasen morir a los agentes de policía heridos. Sería deseable que la Fiscalía actuase de oficio contra este tipo, por otra parte  sin más valía que la que él mismo se otorga con larga generosidad.

Ha muerto Adolfo, un político valiente que tomó decisiones difíciles, además de arriesgadas, por el bien común de los españoles y que, bajo la batuta del Rey, llevó a buen puerto la transición de la dictadura a la democracia. Ahora todos le han elogiado pero no pocos le hicieron entonces la vida imposible. Adolfo se ha llevado a la tumba aquel conocimiento o aquella intuición que le hizo dimitir menos de un mes antes de la esperpéntica acción militar. Él afirmó siempre que su dimisión no se debió a que se fuese a producir un golpe. Pero ¿a qué golpe se refería? ¿Tenía algo especial la prevista intentona para hacerle dimitir? Está suficientemente probado que en el 23-F convergieron varios golpes que tenían como pretexto el vacío de poder que supondría la toma del Congreso de los Diputados, y en él del Gobierno de la Nación,  por las fuerzas de Tejero.

Armada optó en su beneficio por la “solución De Gaulle”, pero en España no se había producido un ultimátum como el del general Jacques Massu a la Asamblea Nacional de Francia con la amenaza de ocupar París con sus paracaidistas. Armada se disponía a hablar a los diputados ya en un Parlamento ocupado para, bajo la presión directa de las armas, proponerse como Presidente y anunciar los miembros de un Gobierno de concentración o de salvación nacional ¿Por quién era conocido este proyecto? ¿Qué dirigentes políticos sabían, si es que los hubo, lo que pretendía Armada utilizando el nombre del Rey?  Uno se imagina la amargura de Adolfo entre aquel día de febrero de 1981 y el año 2003 en que perdió la memoria. Ni supimos ni sabremos ya los motivos reales de su dimisión. ¿Habrá dejado algo escrito sobre aquel episodio? La desmemoria patológica de Adolfo es, de alguna manera, la pertinaz desmemoria de España.

Mártires e Historia

21 octubre 2013

La beatificación en Tarragona de 522 mártires de la guerra civil española de 1936-1939, con algunos otros mártires de sucesos de años anteriores (por ejemplo la revolución de Asturias de octubre de 1934), también asesinados por su defensa de la Fe, que no renegaron cuando fueron conminados a ello, ha provocado una serie de memeces en boca o pluma de ignorantes o radicales, o ambas cosas a la vez.

Los 522 mártires beatificados en Tarragona se suman a los 1.001 que por los mismos hechos han sido beatificados hasta hoy en España. De estos 1.523 mártires beatificados once ya han sido canonizados; están en el santoral. Nueve asesinados en Turón (Asturias) en la revolución de octubre de 1934, y uno en Tarragona en 1937. Todos ellos fueron canonizados en Roma, en 1990. El sacerdote Pedro Poveda, el célebre Padre Poveda,  pedagogo y fundador de la Institución Teresiana, martirizado en Madrid en 1936, fue canonizado por Juan Pablo II en 2003.

El detallado estudio de Antonio Montero Moreno “Historia de la Persecución Religiosa en España 1936-1939”, publicado en 1961, identificó a un total de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en la  zona republicana. Trece eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas. Aquella persecución religiosa incluye la destrucción de importante patrimonio arquitectónico, artístico y documental. Esta destrucción se había iniciado los días 10 y 13 de mayo de 1931, antes de que transcurriese un mes de la proclamación de la República, cuando ardieron más de cien edificios religiosos en Madrid y en otras ocho provincias. Se perdieron numerosas obras artísticas de valor, y  bibliotecas y archivos irrecuperables.

El más joven de los beatificados en Tarragona tenía 18 años recién cumplidos, el carmelita José Sánchez Rodríguez, y la más anciana, con 86, era la monja Sierva de María Sor Aurora López González.

La Iglesia Católica estimó que muchas de las víctimas de la persecución religiosa lo fueron como consecuencia de su Fe y por ello las consideró mártires. Estos múltiples testimonios de la Fe parece que han dolido a algunos. Hay quien ha proclamado que la Iglesia ha olvidado al resto de asesinados en la guerra civil y también la represión posterior, la producida en la posguerra.

Cayo Lara, que fue uno de los dolidos por la beatificación, no se cuenta entre los bien informados sobre asuntos eclesiásticos, ni sobre otros, y ni siquiera hay que tomarse la molestia de explicarle que una beatificación no es una condecoración del Estado Vaticano, sino un reconocimiento y proclamación de Fe individual por parte de la Iglesia. Los beatificados no lo son por haber sido asesinados sino por las circunstancias extraordinarias en defensa de la Fe que rodearon sus muertes.

Lo más chocante es la posición “buenista” de la Iglesia española. Presentó la múltiple beatificación como referida a “mártires del siglo XX”; ni una palabra a que casi todos ellos son víctimas de la guerra civil. Monseñor González Camino, la voz de la Conferencia Episcopal, aclaró reiteradamente que no se trataba de abrir heridas ni de ir contra nadie y  que era un signo de reconciliación. No lo dudo, y estoy convencido de ello, pero los reticentes o dolidos no lo entienden así. Sectores de la izquierda consideraron la beatificación “un acto político y también un insulto a quienes perdieron sus familiares y sufrieron la represión franquista”. Ignoran que las beatificaciones o canonizaciones no son reconocimientos de un Estado sino de la Iglesia universal. Como si en España no existiesen leyes de reconocimiento a las víctimas del franquismo desde hace decenios y no estuviese vigente la llamada impropiamente Ley de Memoria Histórica.

El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para los Santos y enviado especial del Papa, resaltó en el acto: “En el periodo oscuro de la hostilidad anticatólica de los años 30, vuestra noble nación fue envuelta en la niebla diabólica de una ideología” que anuló a millares de ciudadanos pacíficos, incendiando iglesias y símbolos religiosos, cerrando conventos, escuelas católicas y destruyendo parte del patrimonio”. Y el cardenal subrayó que los mártires no fueron caídos de la Guerra Civil, sino “víctimas de una radical persecución religiosa, que se proponía el exterminio programado de la Iglesia y estos mártires eran personas pacíficas”. Hay que contar las cosas como fueron. Es la Historia.

El PNV juega a la guerra

17 septiembre 2013

Un batallón del “Euzko Gudarostea” -Ejército Vasco- que llevaba un nombre que nos suena, “Amaiur”, intervino en el llamado Paso del Nalón en febrero de 1937, guerra civil, dentro de la ofensiva sobre Oviedo. Hasta aquí la Historia. El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y un grupo de amigos han escenificado aquel episodio bélico. En las fotografías aparece el tal Esteban con uniforme de “gudari”, pistola -supongo que de pega- en una mano e “ikurriña” en la otra.

A mí estos juegos de guerra no me gustan nada, y sobre todo cuando se trata de escenificar episodios de una guerra entre hermanos. En la democracia se debe apostar por el diálogo y por la paz y no por la exaltación de periodos violentos porque el turbulento pasado del país demuestra que desde tiempos remotos se empieza con los juegos de guerra y se desemboca en la guerra sin juegos.

Puestos a escenificar, y reitero que no me gusta nada, a cualquier conocedor de la Historia podría extrañarle que a Esteban y a sus amigos no se les haya ocurrido escenificar otros episodios bélicos protagonizados por los “gudaris”, por ejemplo las negociaciones y las semanas previas y días posteriores al llamado Pacto de Santoña, de agosto de 1937: la rendición a los legionarios voluntarios italianos de lo que quedaba del Ejército Vasco tras un discreto acuerdo fraguado entre Juan Ajuriaguerra, dirigente del PNV, y el coronel italiano De Carlo, actuando el Vaticano como mediador, el sacerdote vasco Alberto Onaindía como emisario, y con conocimiento del cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, de Franco, de Mussolini y del “lehendakari” José Antonio Aguirre.

Los vascos hacían realidad lo que había vaticinado el presidente de la República Manuel Azaña en marzo de 1937, desde un lúcido pesimismo: “Caído Bilbao es verosímil que los nacionalistas arrojen las armas, cuando no se pasen al enemigo. Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia. Con esta moral es de pensar que, al caer Bilbao, perdido el territorio y desvanecido el gobierno autónomo, los combatientes crean o digan que su misión y sus motivos de guerra han terminado”. Y así ocurrió.

Los franquistas entraron en Bilbao el 19 de junio sin disparar un solo tiro tras negociar la rendición con los batallones nacionalistas que custodiaban la ciudad. Los “gudaris” entregaron las armas. En Baracaldo la rendición fue a los italianos en la Plaza de los Fueros. Una de las condiciones de la rendición emanada del Pacto de Santoña fue que fuese simulada, que la capitulación pactada pareciese una derrota ante el enemigo en el campo de batalla, por lo que se decidió, a propuesta del PNV, que las tropas franquistas atacaran por Reinosa y el puerto de El Escudo, de manera que así quedasen copados los restos del Ejército Vasco. Ajuriaguerra informó por escrito  a los italianos de la situación exacta de los batallones nacionalistas vascos en la provincia de Santander.

En la madrugada del 23 de agosto el Ejército Vasco hizo público en Laredo, donde tenía su cuartel general el Euzkadi Buru Batzar, máximo órgano del PNV, su abandono del bando republicano. Durante un cierto tiempo los “gudaris” tomaron el poder en un pequeño territorio entre Laredo y Santoña, desarmaron a las tropas republicanas, arriaron la bandera tricolor e izaron la “ikurriña” en los ayuntamientos que controlaban, y constituyeron una extraña República Vasca con un gobierno y un Estado Mayor. Resulta paradójico que la única efímera experiencia independiente del País Vasco se haya producido en territorio ajeno, en la provincia de Santander.

En el único documento que se conserva firmado por vascos e italianos dentro del Pacto de Santoña, suscrito el 24 de agosto en Guriezo, se especifica que la rendición se producía “sin condiciones, con arreglo a las disposiciones dictadas por S. E. el Generalísimo”. Y los vascos no pudieron evitar que, pese a su intención de rendirse a los italianos, el documento fuese firmado, además, por oficiales españoles, ya que la unidad que formalizó aquel episodio de la rendición era la de los Flechas Negras, contingente mixto de tropas españolas e italianas

El Pacto de Santoña no se cumplió porque el Estado Mayor de los sublevados no reconoció todos sus términos, por ejemplo la evacuación desde aquella ciudad cántabra de miles de personas en buques extranjeros, y los militares italianos no tuvieron fuerza para imponerse. El 4 de septiembre de 1937 los italianos desaparecieron de la zona y las tropas franquistas tomaron el control de la fantasmagórica República Vasca de Santoña, comenzando para muchos nacionalistas un duro periodo de cárcel, de juicios sumarísimos y de sentencias, lo que supuso una crisis en las relaciones entre Roma y el Gobierno de Salamanca. Por intervención del conde Ciano, yerno y ministro de Asuntos Exteriores de Mussolini, a Juan Ajuriaguerra se le conmutó la pena de muerte, pero sufrió prisión, confinamientos, persecuciones y exilio. En las primeras elecciones democráticas fue elegido diputado.

A cualquiera que tenga curiosidad por saber más, le recomiendo la lectura de “El Pacto de Santoña”, de Xuan Cándamo, publicado hace algunos años.  Mi resumen del episodio histórico del Pacto, deplorable de un lado por quienes lo urdieron y de otro por quienes no lo cumplieron, es que el Gobierno del PNV, como bien supuso Azaña, no luchaba en la guerra civil por la República Española sino por su territorio, mirándose el ombligo como siempre, y que los valientes “gudaris” optaron por rendirse al enemigo sin disparar un solo tiro;  eso sí, eligieron para hacerlo al fascismo foráneo y no al español. Me pregunto si el “lehendakari” Aguirre no hubiese sido feliz convirtiendo el País Vasco en una especie de Manchukúo bajo protectorado italiano, siendo él Pu Yi, el emperador títere de aquel efímero imperio creado por los japoneses entre 1932 y 1945, restándole el territorio a China.

Mientras, que Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados de España, juegue a la guerra.

De símbolos, democracia e ignorancia

29 agosto 2013

En los partidos políticos deberían promoverse cursos de Historia igual que se convocan cursos de telegenia. Siempre he dado por hecho que cuando los dirigentes de la izquierda evidencian por sus declaraciones un pavoroso desconocimiento de su historia y de la Historia con mayúscula, sobreactúan: conocen lo que ocurrió en el pasado pero lo ocultan o lo acomodan  a sus intereses. No suelo otorgar importancia a lo que dicen para no darles ese gusto. Me preocupan más las lagunas históricas de los políticamente cercanos porque no son interesadas sino bienintencionadas. Desde esas lagunas a veces se suman a la sobreactuación de sus adversarios y hacen su juego.

Unos jóvenes de Nuevas Generaciones del PP, aún está por ver quiénes de entre ellos lo son en realidad, han llevado a las redes sociales sus fotografías haciendo el saludo fascista y portando banderas con el escudo del águila de San Juan. Beatriz Jurado, senadora y presidenta de la organización juvenil de Génova, ha abierto expedientes y ha anunciado expulsiones de acuerdo con los Estatutos de su formación política y después de que el asunto pase por el Comité de Derechos y Garantías. Hasta aquí todo justo y normal ante la actitud impresentable de esos jóvenes. Sobran en el Partido Popular. Lo que rompe la normalidad, no política sino histórica, es declarar, como han hecho algunos, que el escudo del águila de San Juan es preconstitucional.  Sencillamente es un símbolo no vigente, pero fue oficial hasta la Ley de Símbolos de España, de 5 de octubre de 1981, años después de aprobarse la Constitución.

En el ejemplar original de la Constitución Española que firmó el Rey aparece el escudo del águila de San Juan, así como en el ejemplar del Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1978, número 311.1, en el que se publicó por primera vez la Constitución Española que había sido sancionada por el Rey dos días antes. Ante un ejemplar de la Carta Magna con ese símbolo juraron o prometieron sus cargos como diputados Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri y Felipe González, por poner algunos ejemplos.

Otra falacia histórica es tildar de banderas preconstitucionales o inconstitucionales a las que lucen en su franja amarilla ese escudo con el águila de San Juan. La Constitución, que es uno de los textos más citados y menos leídos, en su artículo 4,1 señala que “la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas”. No se describe escudo alguno sobre la franja amarilla. Es una Ley de 28 de octubre de 1981 la que reguló el uso de la bandera, y  en su artículo 2.2 se señaló que se podrá incorporar el escudo de España sobre la franja amarilla.

Desde la verdad histórica la bandera con el águila de San Juan lo fue también de la España de los primeros años de reinado de Juan Carlos I.  El águila de San Juan fue incorporada al escudo de sus reinos por los Reyes Católicos a iniciativa de la Reina Isabel. La bandera con ese símbolo, en pura vexilología, no es  menos representativa de la Monarquía reinstaurada,  en sus primeros pasos. Es sencillamente una bandera no vigente,  “histórica” desde 1981. Como es una bandera “histórica” la bandera de la II República que, como tal, merece respeto y consideración como un símbolo al que se sienten ligados sentimentalmente muchos españoles. Igual podría decirse de la bandera con la cruz de San Andrés o cualesquiera otras banderas “históricas” que han simbolizado a España a través del tiempo.

Se ha producido una pluralidad de opiniones  entre dirigentes populares a cuento de la estupidez impresentable de esos jóvenes reflejada en las redes sociales; Rafael Hernando por un lado y Esteban González Pons por otro. Ello dio lugar a que el diputado del PSOE Juan Moscoso otorgase a Hernando un “suspenso en democracia” y le considerase “ignorante”. Hernando equiparó la bandera con el águila de San Juan a la tricolor republicana. González Pons recordó que se utiliza la bandera republicana en los actos de homenaje a los voluntarios españoles que contribuyeron a la liberación de París encuadrados en la División Lecrerc y que se siente representado por ella.  Es lógico. Yo también me siento representado en tales actos por la bandera tricolor. Es un hecho simbólico, histórico, similar al sentimiento que expresan cuando exhiben la bandera de la Confederación quienes  se reúnen a rememorar ciertas batallas de la guerra civil estadounidense.

Al diputado socialista Moscoso, que se permite atribuir ignorancia a Hernando, le recuerdo el apego que tenía a la bandera republicana el histórico dirigente socialista Largo Caballero, que sería luego presidente del Gobierno. Pienso en aquella afirmación suya en un  mitin del 8 de noviembre de 1933, que recoge “El Socialista” del día siguiente: “Tenemos que luchar como sea hasta que en las torres y en los edificios oficiales ondee no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución socialista”.

En cuanto a ese suspenso en democracia que le otorga Moscoso a Hernando, ya que él al parecer no padece ignorancia, supongo que no sería menos exigente en la nota que en la asignatura Democracia le daría a Largo Caballero, que en su discurso del Cine Europa,  10 de febrero de 1936, afirmó: “La transformación total del país no se puede hacer echando papeletas en las urnas…Estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra democracia”. También anunciaba en el mismo mitin: “Si los socialistas son derrotados en las urnas irán a la violencia”, y en un mitin en Alicante, 19 de enero de 1936: “Si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada” O en Linares al día siguiente: “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución”.

La ideología democrática del PSOE en 1936 queda resumida también por Largo Caballero, que por cierto cuenta con una estatua en Madrid: “Cuando el Frente Popular se derrumbe, como se derrumbará sin duda, el triunfo del proletariado será indiscutible. Entonces estableceremos la dictadura del proletariado, lo que quiere decir la represión de las clases capitalistas y burguesas” (“El Socialista”, 26 de mayo de 1936). Todo esto supongo que no escapa al conocimiento del diputado socialista Juan Moscoso, porque él a sí mismo, al parecer,  no se considera un ignorante. Es pura “memoria histórica”.