Archive for the ‘Política nacional’ Category

Los errores de Sánchez

28 mayo 2015

El resultado de las elecciones del pasado día 24 ha supuesto un vuelco pero en cierto modo no una sorpresa. Es obvio que las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy para salvar el desastre económico que dejó Zapatero, hasta ahora el peor presidente de la democracia, han sido duras aunque necesarias. España estaba al borde del rescate, con una prima de riesgo de 632 puntos a mediados de 2012 y creciendo, y con una consideración exterior infumable. Había que salir del túnel. Ocurre que el pueblo español, los votantes que apoyaron mayoritariamente al PP en 2011 para que sacara al país de la crisis, en buena medida han entendido, pasados algo más de tres años, que remontar la crisis era gratis y su percepción parece haber sido que estaba bien que el común de los españoles se apretasen el cinturón pero no ellos mismos ni su gremio.  Pensaban que debían apretarse el cinturón los demás. En este contexto no es sorprendente que el PP haya recibido un castigo en las urnas y se haya producido un vuelco.

¿Qué ha ocurrido con el PSOE? Si se leen algunos periódicos y se escucha a Pedro Sánchez parece que los votantes han favorecido a los socialistas, pero no es así; es una falacia. El PSOE ha sido la tercera, la cuarta, incluso la quinta fuerza política en importantes ayuntamientos en los que el PP ha sido la primera. Ha perdido casi 600.000 votos en el conjunto de España, 400.000 de ellos en grandes ciudades, y en muchas circunscripciones ha cosechado los peores resultados de su historia. El que no se conforma es porque no quiere. Que un partido que ha gobernado en un tiempo difícil y tomando medidas duras y a menudo lógicamente impopulares pierda 2.500.000 votos desde 2011 que consiguió casi 11.000.000, resulta comprensible. Que un partido que no ha gobernado, que supuestamente no tenía que haber sufrido desgaste porque se ha opuesto a todas y cada una de las medidas y reformas propuestas por el Gobierno, haya perdido cerca del 10% de sus votos de 2011, que fueron 6.900.000, es preocupante.

Sánchez dijo -ay, el poder de las hemerotecas y las videotecas- que nunca pactaría con Podemos ni con el populismo ni en el más modesto ayuntamiento, ahora se pone meloso con Pablo Iglesias y con sus damas Manuela Carmena, de profesión juez, en Madrid, y Ada Colau, de profesión activista, en Barcelona. Sánchez quiere “protagonizar el cambio” y lo ve no sólo posible sino seguro. Además ha decidido hacerlo echándose en los brazos de Podemos. El optimismo de Sánchez contrasta con la reacción de la Bolsa y las declaraciones de grandes empresarios españoles y de inversores extranjeros que ven el avance del populismo como un peligro cierto para la estabilidad y el crecimiento económico. Podemos  se ha presentado a las elecciones con diversas marcas a lo largo y ancho del país para jugar al despiste. Esa variedad de disfraces electorales supone, en cierto modo, un fraude al votante, pero ya sabemos que se atribuye a Maquiavelo, aunque es anterior, la sentencia “el fin justifica los medios”; puro leninismo.

Sánchez tiene prisa y está políticamente demasiado verde. Mientras el líder del PSOE se las promete felices en sus mieles pactistas, Pablo Iglesias asegura que Podemos fagocitará al PSOE al que le ocurrirá como al PASOK en Grecia. No es la primera vez que se establece esa comparación. En febrero pasado el semanario británico “The Economist” se refería a esta cuestión en un artículo titulado “¿Pueden?”, que llevaba el antetítulo “España y Podemos”. Hablaba de la inestabilidad que amenazaba -entonces- no sólo a Andalucía sino también a España. En eso estamos en mayo de 2015.

El primer error de Sánchez es haber optado por convertirse en un segundo Zapatero en lugar de en un segundo Felipe González. El primer presidente socialista del Gobierno centró el PSOE, lo convirtió en un partido preferido por las clases medias, obvió el viejo recelo que entonces  no pocos tenían a las siglas, superó las partes más oscuras de su historia, y consiguió la mayoría electoral más contundente de la democracia. Zapatero apostó por la división de los españoles, resucitó el guerracivilismo, representó un radicalismo trasnochado, y por sus torpezas favoreció el nacimiento y fortaleza del populismo aupado por televisiones afines que él había propiciado, aparte de dar oxígeno a un independentismo catalán hasta entonces más o menos encauzado. Sánchez es un Zapatero en caricatura, de segunda, que no ha hecho otra cosa que conducir al PSOE hacia la irrelevancia. Viene a serla la caricatura de una caricatura. Su gran opción, Ángel Gabilondo en Madrid, sólo consiguió un diputado más que el denostado Tomás Gómez en 2011, que entonces fue y ahora es el peor resultado socialista en toda la democracia. Y Carmona ha llevado al PSOE a su más baja cota de las conocidas en unas municipales madrileñas.

Tras manifestarse repetidamente contra los pactos con el PP, confundiendo al adversario a ganar con el enemigo a destruir, y coincidiendo en ello con Podemos, Sánchez ha cometido un segundo error: no calibrar que dejarse abrazar políticamente por Pablo Iglesias supondrá condenar al PSOE a ser absorbido por Podemos. Condenar a la irrelevancia a un partido centenario. El populismo ya ha fagocitado a IU en las municipales y autonómicas y en las generales aspira a hacerlo con el PSOE. Y así será por la ceguera de Sánchez al que no preocupa quebrar la estabilidad y con ella el camino hacia el desarrollo y la bonanza económica. Podemos confunde la gobernación de una nación europea con el manejo de una asamblea de facultad o la dirección de una comunidad de vecinos. España por los errores de Sánchez puede perder su credibilidad y peso dentro de la Unión Europea porque con recetas bananeras y utopías añejas ya fracasadas en el mundo, no se sale de ningún túnel sino que se vuelve a él. Y la crisis desembocará en algo peor: pobreza, desabastecimiento, huida de inversiones, recesión… Que Sánchez crea que el PSOE será quien fagocite a Podemos es sencillamente un sueño. Las señales contrarias son muy claras.

El momento obliga a decisiones valientes como las que se viven con normalidad en otras naciones europeas. Grandes pactos de Estado que garanticen la gobernabilidad desde la moderación y el realismo. Lo que debería haber hecho el líder socialista es fortalecer fórmulas para salir de la crisis no para profundizarla. Parón a las reformas, más gasto público, menos apoyo empresarial, congelación de proyectos que suponen empleo y dinamización económica… No son soluciones sino problemas. Sánchez no es precisamente un estadista y no lo ve. Allá él y su responsabilidad. Lo peor es que no sólo enterrará al PSOE; también perjudicará gravemente al conjunto de los españoles que cuando -cada uno según su saber y entender- se arrepientan de haber dado su voto al radicalismo, será muy tarde. Acaso ya no habrá posibilidad de macha atrás. En Venezuela, por ejemplo, lo saben bien para su desgracia. Del aplauso confiado a Chávez se ha pasado a las cartillas de racionamiento y a las colas un día determinado a la semana para hacer la compra de lo que hay. Y a la violencia política, a los medios de comunicación amordazados o cerrados y, en esa vía, a elecciones viciadas porque sin libertad de opinión no existen procesos electorales libres. ¿Por qué, pese a lo que prometió, Sánchez ha olvidado todo esto?  Desdecirse también es un error y una cierta desvergüenza política porque votantes de su partido -muchos o pocos- acaso no lo hubieran  sido si no miente  sobre su apoyo a Podemos.

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“¡Vive la France!”, sin complejos

16 enero 2015

No es cierto que exista la sana envidia. La envidia es insana por naturaleza, al igual que no hay mentiras piadosas. En la práctica de la envidia o de la mentira nadie podría tirar la primera piedra de la inocencia. Desde los clásicos se dijo que uno de los pecados nacionales de los españoles es la envidia, y por eso en la simbología cromática se escribió que España es amarilla porque este color es precisamente el que corresponde a la envidia. Vaya usted a saber si hay algo cierto o es sólo una leyenda literaria.

Siento envidia por la reacción de la Jefatura del Estado francés, de los políticos franceses, de las Fuerzas de Seguridad francesas y de la sociedad francesa en su conjunto ante los sangrientos atentados de París.

Las Fuerzas de Seguridad respondieron con prontitud y contundencia a la acción terrorista. Las imágenes de la televisión evidenciaron que no se dejaron llevar por contemplaciones cuando se trató de salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos y de responder a crímenes execrables, entre cuyas víctimas se encontraban compañeros suyos. Los tres terroristas resultaron muertos y el causante de la masacre de la tienda de productos judíos fue abatido ante las mismas cámaras de la televisión.

El Presidente de la República demostró inteligencia y altura de miras cuando convocó en el Elíseo a los diferentes líderes políticos, empezando por su antecesor y adversario Nicolás Sarkozy. Consiguió unidad de criterio y unanimidad en su respuesta al terror. Esa movilización nacional sin exclusiones se patentizó en sus comparecencias ante los franceses con un grito final reiterado: “¡Vive la France!”.

Los políticos franceses ofrecieron un ejemplo de solidaridad ante lo que debe considerarse una guerra, es cierto que no convencional, otro tipo de guerra, pero por ello no menos temible y devastadora. El canto unánime de “La Marsellesa” en el Pleno de la Asamblea Nacional fue una prueba de unión y solidaridad ante el terror.

La sociedad francesa respondió con una movilización sin precedentes. No hubo reproches ni condenas salvo a los terroristas. No coincido con muchas de las actitudes y opiniones del semanario “Charlie Hebdo” que no ha cambiado de línea ideológica desde su fundación, pero esos carteles de “Je suis Charlie” que se multiplicaban en las calles de París desde los primeros momentos de conocerse los atentados suponen un mensaje solidario y positivo y no sólo en defensa de la libertad de expresión que había sido sangrientamente atacada sino, además, de la libertad y seguridad de los valores de un espectro mucho más amplio: la forma de vida y la cultura occidentales, sus principios, sus libertades.

Confieso que tengo envidia de la dimensión y el rigor de esas respuestas al terror que hemos reconocido en la Francia de estos días. Cierro los ojos y sueño despierto en la realidad que hubiésemos vivido en España ante un hecho similar. Desgraciadamente tenemos el precedente trágico y durísimo del 11-M.

En Francia a nadie se le ha ocurrido acusar al Gobierno de responsabilidad alguna por participar en numerosas misiones militares exteriores contra el terrorismo yihadista; no ha habido acosos, como los hubo en España, a las sedes del partido gubernamental desde la logística del “Pásalo”, aquella vulneración de la jornada de reflexión de la que no hace mucho se declaraban autores, y pugnaban por quién era el iniciador del invento, los que ahora forman Podemos y el PSOE; no se ha utilizado con fines partidistas una manifestación solidaria contra el terror; en Francia el Gobierno socialista ha tenido el total apoyo de la principal formación de la oposición, la UMP. Todo eso me produce envidia.

Es obvio que las circunstancias son distintas. En once años, desde aquel trágico 11-M,  ha pasado el agua bajo los puentes y el yihadismo ha atacado en varios países europeos. Nadie duda de que estamos expuestos a ataques terroristas sin necesidad de que alguien se invente “guerras ilegales”; ya padecemos una guerra sin declaración previa y sin frentes de combate.  La guerra está allá donde decide un fanático con una bomba o un arma automática.  Por eso el Gobierno de Valls ha sacado a las calles de sus ciudades hasta 10.000 soldados.

Vuelvo a mi sueño: ¿Qué hubiese ocurrido en España ante una tragedia similar? No es difícil aventurarlo. Cierta izquierda estaría pidiendo comparecencias parlamentarias y comisiones de investigación ante la sospecha de que la muerte de los tres terroristas (insisto: uno de ellos fue abatido de varios disparos por un policía ante las cámaras de televisión) fuese una acción desproporcionada e innecesaria, y de ello no responsabilizarían a los agentes del orden sino a sus jefes políticos y al ministro del Interior. Cierta izquierda hubiese pedido una investigación poniendo en duda que los cuatro rehenes muertos fueran abatidos durante el asalto policial o antes por el terrorista.  Cierta izquierda hubiera acusado de exagerada la masiva movilización policial y militar, y es probable que se hubiese vuelto a la pugna seguridad-libertad como si no fuesen valores complementarios e inseparables. Cierta izquierda hubiese acusado al Gobierno de falta de previsión al no tener información sobre la cédula terrorista que cometió los atentados y se habría repetido mil veces que los yihadistas fueron identificados por el descuido de uno de ellos al perder el documento de identidad en el coche que abandonaron, no por el celo de las Fuerzas de Seguridad… Nada de esto ha ocurrido en Francia pero ya sabemos, como en los viejos reclamos turísticos, que España es diferente.

Entre otras, hay dos cuestiones para mí importantes en nuestro no lejano pasado que, como amante y estudioso de la Historia, no he entendido y acaso nunca vaya a entender. La primera: Por qué razón el presidente del Gobierno de entonces no convocó a los diferentes líderes políticos en la tristísima mañana del 11-M, cuando en los primeros momentos hasta líderes significados del nacionalismo vascos creyeron (aunque luego tuviese otra autoría) que el atentado había sido obra de ETA, sobre todo cuando pocas semanas antes se había detectado una caravana terrorista etarra que trasladaba explosivos a Madrid para atentar en trenes, según se dijo. Hubiese sido conveniente buscar la unanimidad en la reacción. La segunda cuestión que no entiendo: Por qué el Gobierno no aclaró en su día (la documentación de la ONU está en Internet desde antes de 2009, que es cuando yo la leí) que España no intervino en la segunda guerra de Irak, la de 2003; la primera fue la llamada guerra del Golfo, de 1990-1991.

España envío un contingente militar acudiendo al llamamiento de la ONU en su Resolución 1483, ampliada en la Resolución 1511. La ONU declaró acabada la guerra con el derrocamiento de Saddam Hussein y desde entonces consideró la situación como la existencia de “acciones violentas terroristas”. En la documentación de la ONU se enumeran los Estados que participaron en la guerra y en la lista no figura España que sí forma parte de los Estados que intervinieron “no en misión de guerra sino para garantizar la estabilidad como paso previo a la aprobación de una nueva Constitución y la celebración de elecciones democráticas libres, y todo ello bajo el control del Consejo de Seguridad”.

No alcanzo a entender los motivos por los que aquel Gobierno consintió, desde un silencio franciscano, que se abriese paso la falacia de que estábamos en guerra, que en todo caso resultaba imposible porque cuando se declara una guerra se sigue el procedimiento que señala la Constitución (Artículo 63.3), y que era una guerra no respaldada por la ONU, lo que tampoco era cierto en sentido estricto, ya que había medio centenar de Resoluciones vigentes  (1990-2003), entre la primera Resolución, la 660, y las últimas, la 1510 y la 1511. La segunda guerra del Golfo, o guerra de Irak, era una continuación de la primera y por ello mantenía el mismo respaldo de la ONU, ya que se debía al incumplimiento por parte de Saddam Hussein de las condiciones del alto el fuego de 1991.

En la línea de los paralelismos: ¿Qué reacciones torticeras se hubiesen producido si un Presidente de Gobierno español concluye un mensaje al país con el grito de “¡Viva España!”? Sin embargo, discursos solemnes de responsables de dos Comunidades Autónomas de singular peso concluyen con “¡Visca Catalunya!” o “¡Gora Euskadi!”, y ello se recibe, como es lógico, con naturalidad. Que cada cual reflexione. A menudo tenemos un complejo pusilánime y aldeano. En Francia gritar “¡Viva Francia!” no sorprende ni inquieta ni acompleja a nadie. Ya digo: somos diferentes. Es probable que por falta de franceses. Y todo esto me da mucha envidia.

En manos de los jueces

3 enero 2015

Adelanto mi respeto y acatamiento a todas las decisiones judiciales; pero ese respeto y ese acatamiento no implican compartirlas siempre. Estamos en manos de los jueces, y esa realidad en un Estado de Derecho supone una garantía, pero España es un país -no me consta que el único pero aquí sí ocurre- en el que cuando un ciudadano se ve ante un juez por un asunto más o menos delicado, lo primero que pregunta a su abogado es “¿Quién es el juez?”, “¿Qué juez nos ha tocado?”  El españolito de a pie malicia que el resultado de su litigio dependerá del juez, de sus ideas, de sus actitudes personales, aparte de las razones legales. No será así (no quiero creerlo), pero  muchos usuarios de la Justicia, que es un servicio esencial, así lo creen.

Se decía que los jueces sólo opinaban a través de sus sentencias. Desde que aparecieron los llamados “jueces estrella” el dicho ha caído en desuso. Los jueces opinan y a algunos les gusta más aparecer en los medios de comunicación de lo que sería conveniente y prudente. No es ningún secreto que los ciudadanos piensan, con razón o sin ella, que no pocas veces quienes tienen la alta responsabilidad de sentenciar se dejan influir por la opinión publicada. Hay casos sonoros que parecen avalarlo.

Algunas sentencias y decisiones sobre casos referidos a medidas de las Administraciones  públicas incluyen argumentos que no son estrictamente jurídicos, sino que van más allá. Por ejemplo, la célebre decisión de prolongar, al parecer “sine die”, el bloqueo del proceso de externalización de servicios en ciertos hospitales de la Comunidad de Madrid. No se sentenciaba sobre el fondo de la cuestión pero se paralizaba de nuevo el proceso haciéndolo, de hecho, inviable, y el Tribunal opinaba sobre si era bueno o malo desde el punto de vista de la  Hacienda, asunto que en todo caso compete a los órganos del Ejecutivo Autonómico que son quienes han de dar cuenta de su gestión a los ciudadanos, que lo refrendarán o no con sus votos. Máxime cuando esa fórmula ya venía empleándose desde hace años en varios hospitales de la Comunidad de Madrid, a plena satisfacción de los usuarios, y en otras Comunidades  Autónomas. Reitero que respeto esa decisión judicial que, además, queda ya atrás; la propia Comunidad de Madrid decidió dar carpetazo a la externalización de aquellos servicios hospitalarios.

Podrían recordarse numerosos ejemplos, pero me referiré a uno actualísimo. El español de origen magrebí Jamel Herradi, que el pasado viernes día 2 amenazó con explosionar un artefacto en un tren en la estación de Atocha, al grito de “¡Por Alá me suicido¡” haciendo cundir el pánico, provocando cuatro heridos por fortuna leves, y activando la circular 50 del protocolo antiterrorista, ha sido puesto en libertad por el juez, sin medida cautelar alguna, con la imputación de desórdenes públicos. Herradi se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde 2013, y tiene un antecedente reciente por amenazas y violencia de género, con orden de alejamiento.

Como respuesta a la por fortuna no confirmada amenaza terrorista fueron desalojados la estación y los trenes de AVE y Cercanías, se cortó al tráfico la glorieta de Atocha, se desviaron los autobuses y el Metro, se  movilizaron los servicios de emergencias, y los especialistas en desactivación de explosivos, Tedax, comprobaron que no había materiales peligrosos. Es obvio que todo ello produjo innumerables incomodidades, sin duda alguna con consecuencias, en muchos ciudadanos que no pudieron cumplir sus planes. Está ya en la calle un maltratador, con orden de alejamiento, y además en tratamiento psiquiátrico. Sin medida cautelar alguna. ¿Cuándo y dónde repetirá su actuación? ¿Está en riesgo la vida de la mujer a la que maltrató? ¿Quién garantiza el pago del cuantioso dinero público que generó la activación de la circular 50 del protocolo antiterrorista?

No hace tanto tiempo, a mediados de diciembre, trece magistrados del Tribunal Supremo, dirigieron un escrito a su Presidente y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, manifestando su desazón por unas declaraciones periodísticas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que consideraba “lamentables” las excarcelaciones de etarras, entre ellos el sanguinario Santi Potros.  Esas afirmaciones pudieron ser oportunas o  no, pero los magistrados firmantes del escrito consideraron que este tipo de declaraciones “provocan falta de confianza en las instituciones”. Desgraciadamente, según no pocos ciudadanos, la confianza en las instituciones no atraviesa su mejor momento, responda o no esa percepción a la realidad.

Rafael Catalá, ministro de Justicia, defendió que el titular de Interior fue “absolutamente respetuoso” en sus declaraciones sobre las excarcelaciones de etarras por la Audiencia Nacional, y se refirió al derecho a la libertad de expresión de los miembros del Gobierno, dentro del “respeto a la división de poderes” establecida por la Constitución. Catalá añadió que, a su juicio, esas decisiones judiciales “fueron comentadas desde la política” y deseó del Tribunal Supremo una doctrina “común” que impida que existan “resultados paradójicos” en relación con las excarcelaciones de etarras a raíz del acuerdo marco europeo que permite descontar a los presos españoles las penas que hayan cumplido en otros países de la UE. No me consta, por eso no insisto en ello, si ese “permitir” equivale en este caso a un mandato o sólo a una posibilidad que ha de decidirse en cada situación. En definitiva si ha de convertirse o no en un coladero generalizado.

Resulta curioso que los miembros de un Gobierno, de  cualquier Gobierno, pudieran ser los únicos ciudadanos que no gocen del derecho a la libertad de expresión. Puede decirse, que en cierto modo y en ese aspecto, el país está enfermo. Todos recordamos que ha habido jueces que consideraron que unos energúmenos que insultan al Rey o queman su fotografía están amparados por el derecho a la libertad de expresión, y no pasa nada, mientras quienes discrepan de determinadas decisiones judiciales, aunque las respeten y acaten, por más que puedan escandalizar a muchos ciudadanos, no gozan de ese derecho.

Estamos en manos de los jueces, más propiamente dicho: de la Ley, y dentro de la división de poderes, es lo  deseable y normal.  Pero el factor humano cuenta. Para bien y para mal.  No invento nada; es lo que piensa el ciudadano de la calle. Y lo escribo desde mi sacrosanta libertad de expresión. Faltaría más.

Artur Mas: el problema es él

27 diciembre 2014

El primer discurso navideño del Rey Felipe VI ha gustado a casi todos los partidos; naturalmente a IU y a Bildu, no. Ha sido el discurso de Navidad más seguido en televisión en muchos años. Lo único que no entiendo: la lejanía de la bandera nacional. No estaba detrás ni cerca del Rey sino en un rincón del salón en que se producía la comparecencia regia. El mensaje que se haya querido dar con esta presencia arrinconada del símbolo nacional me es desconocido.

La interpretación de algunos partidos es plural como la vida misma. Ha habido quien, como el PSOE, han entendido que el Rey avalaba sus apetencias de cambio constitucional, mientras a IU las palabras de Felipe VI le han decepcionado. Lo primero es una falacia, lo segundo una reacción que a nadie puede extrañar. Parece que a algunos les hubiese gustado el imposible de que el Rey hubiera aprovechado su primer discurso navideño para declararse republicano o poco menos. Qué cosas. A mi juicio el Rey dijo lo que tenía que decir, aunque algunos habían previsto una intervención acorde con sus intereses no con los intereses generales de España y de la Corona. Esperar que Felipe VI pidiese a la Infanta Cristina la renuncia a sus derechos sucesorios en un  discurso de Navidad dirigido a los españoles era una memez.

La reacción más patética se la debemos, como no, a Artur Mas. Ha declarado como gran hallazgo que “El Rey ha reconocido que en Cataluña hay un problema”. Claro. No es noticia, ya que todos los españoles, catalanes o no, sabemos que en Cataluña hay un problema, y el Rey también. El problemas es la enajenación política de Artur Mas. Él es el problema. Porque lleva más de una legislatura sin ocuparse de resolver los asuntos de la Comunidad que preside, porque genera cada día más desajuste económico que le resuelve el Gobierno de la Nación al insuflar dinero público de todos para pagar los gastos corrientes mientras Mas dedica buena parte de su presupuesto a alimentar estómagos agradecidos en apoyo de su locura secesionista y abriendo embajaditas por esos mundos. Si, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural actuaran por amor a la independencia cualquier observador no diría ni pio, pero viven y se mueven gracias a jugosas subvenciones.  Son terminales de la Generalidad.

Las reacciones ante el resumen del año ofrecido por Mariano Rajoy tras el último Consejo de Ministros han sido menos unánimes que las producidas por el discurso del Rey, como es lógico.  El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se molestó porque el presidente del Gobierno habló de recuperación económica, y aportó al gallinero una frase de las suyas, de esas que le están haciendo famosillo: “Rajoy no debe emplear la palabra recuperación en vano, porque no habrá recuperación hasta que no se vuelva a las cifras de empleo y bienestar social que había antes de la crisis”. O sea que el bueno de Sánchez quiere que olvidemos quien ocultó la crisis, quién la negó, quién fue incapaz de afrontar a tiempo reformas para salir de ella, y quien mintió sobre las cifras reales de nuestra economía tanto a la Unión Europea como a los españoles. Sánchez era diputado cuando Zapatero, con el apoyo del Partido Popular, legisló, por ejemplo, el techo del gasto, y ya se ha apresurado a anunciar que lo abolirá si llega a gobernar España. Es decir: que cada Administración gaste lo que quiere. Traslade mentalmente el lector este desmadre a su economía familiar, y verá la locura que supone.

El PSOE, y en general la izquierda, no tienen alternativas reales y creíbles, sólo tienen palabrería hueca. Primero pedían que se creara empleo, y cuando se ha empezado a crear (como reconoce la Unión Europea, hoy España crece a más ritmo y crea más empleo que la media de los países del espacio europeo), piden que se cree más empleo y fijo. Cuando la mejora de la macroeconomía es innegable, paso previo para que la bonanza se refleje en la economía de las familias, denuncian que la recuperación va lenta. ¿Y que hicieron los gobiernos socialistas de Zapatero? Llevar al país a la ruina y crear cuatro millones de desempleados. La izquierda quiere convertir su amnesia interesada en amnesia colectiva de los españoles. Creo que al PSOE y a otros la recuperación económica les ha pillado con el paso cambiado. Les ha dejado sin más discurso que las contradicciones y las ocurrencias.

El secretario general del PSOE ha declarado que aspira a liderar un Gobierno de izquierda. O sea: él en compañía de otros. Esa experiencia ya la tenemos en Andalucía, la Comunidad Autónoma con más paro de España, en donde gobierna una coalición PSOE-IU que ha agravado todos los problemas, además de contar, presuntamente y según los jueces, con una corrupción institucionaliza. No es un asunto de chorizos o desaprensivos. Según la juez Alaya se trata de una corrupción amparada y con conocimiento de la Administración Autonómica, con la presunta implicación de los dos anteriores presidentes andaluces (y de PSOE) Chaves y Griñán, a los que no se les ha pedido que dimitan.

Por unos viajes de hace años, legales aunque no estéticos, los socialistas se hartaron de pedir la dimisión de Monago, el presidente extremeño. A nadie se le ha ocurrido pedir que se hagan públicos para analizarlos los viajes del diputado Pedro Sánchez. Ya me gustaría, como ciudadano, conocer el listado de los viajes pagados con dinero público de los diputados y senadores del PSOE, incluido desde luego Sánchez. Reitero que eran viajes legales; es un caso de estética. Pero, en su ley del embudo, los socialistas no piden la dimisión de Chaves y Griñán, aunque sólo fuese por estética. Estamos hablando de la corrupción en Andalucía:  más o menos mil millones de euros.

Sánchez, a la hora de mostrar a los españoles un adelanto, un resumen en pocas palabras de un programa de Gobierno, ha dicho: “Haré todo lo contrario de lo que ha hecho Rajoy”. Una marcha atrás, a lo más oscuro del túnel, a lo que siempre hicieron los socialistas en España: gastar, gastar y gastar para alegrar fugazmente al conjunto de los ciudadanos que después de su hipotético paso por el Gobierno tendrían que apretarse el cinturón mucho más de lo que se lo han apretado en estos años. Sin contar con la posición que asumiría la Unión Europea ante un gasto desbocado.

España es un país curioso. Nos debatimos entre el pequeño Nicolás y Pablo Iglesias. No se habla de otra cosa. El primero es un listillo, el segundo ha acertado en tocar una música que parece engatusar a las gentes como el flautista de Hamelin engatusaba a las ratas. Nos inundan las encuestas, y tienen trampa. Son sondeos cuya cocina tiene en cuenta un antecedente inválido a efectos demoscópicos: las elecciones europeas, que son en circunscripción única nacional y  nunca han resultado significativos como antecedente. Hemos olvidado que hasta Ruíz Mateos consiguió escaños en Europa.  Si no se dan los escaños predecibles por circunscripciones provinciales, y nunca se dan, las encuestas carecen de valor; son fotografías fijas que expresan una actitud, no una decisión que vaya a mantenerse hasta la llamada de las urnas. Supongo que las empresas que hacen las encuestas y los medios que las publican no desconocen estos condicionantes, pero nadie los recuerda a no ser que un amigo sociólogo experto en sondeos de opinión te lo matice tomando café. Quiero pensar que el sensato pueblo español  no ha perdido el norte.

Una sentencia del Tribunal Supremo podría considerarse una adenda a mi post anterior: “Radicalismo rampante y Estado de Derecho”. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha librado de la cárcel al pintoresco Juan Manuel Sánchez Gordillo al sentenciar que no cometió delito de desobediencia cuando en compañía de algunos colegas ocupó durante dieciocho días la finca militar Las Turquillas situada en el municipio de Osuna. Se enmienda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había condenado a Sánchez Gordillo y a otros tres miembros de su sindicato a penas de cárcel y a multas. Ahora el Tribunal Supremo sólo mantiene una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble. A ver si, al menos, la pagan. Me malicio que tampoco ocurriría nada si no lo hicieran.

Lo curioso es que en la sentencia se expresa que “el comportamiento enjuiciado debe ser considerado en todo caso como delictivo, al actuar los recurrentes al margen de la legalidad vigente y debe ser sancionado como delito de usurpación por el carácter indefinido y persistente de la ocupación realizada”. No entiendo nada, o poco. ¿No hubo desobediencia? La sentencia explica que los acusados accedieron “pacíficamente al desalojo cuando se recurrió a la fuerza policial”. Pues lo entiendo menos. ¿La Guardia Civil espero dieciocho días para intervenir? Y siendo una finca militar ¿el Ministerio de Defensa espero pacientemente, cándidamente, a que la tropilla de este impresentable asalta supermercados decidiese abandonar la presa? Me temo que es otra dejación del Estado de Derecho que no da la protección debida a la propiedad privada que recoge la Constitución, al menos hasta que los de Podemos no le den la vuelta a la Carta Magna como a un calcetón. Pablo Iglesias ya ha anunciado que la corrupción existe porque existe la propiedad privada, Por eso su mentor Chávez recorría las calles de Caracas expropiando y nacionalizando a troche y moche. Acaso  era un consejo de su bien pagado asesor Iglesias. Aquí no, gracias.

Radicalismo rampante y Estado de Derecho

15 diciembre 2014

El acto de homenaje a la Constitución celebrado en La Granja el pasado sábado con la presencia de todos los presidentes regionales del Partido Popular, los presidentes autonómicos y encabezado por Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular y del Gobierno, supuso un oasis de cordura en medio del desierto nacional que compone una realidad preocupante en la que se diría ascendemos una cucaña hacia el disparate y el ciego descreimiento  del país en sí mismo. Con motivo de la intervención de Rajoy en La Granja un periódico tituló: “El único sensato”.

La izquierda camina hacia la formación de una especie de frente popular, con tristes connotaciones históricas, desde la soberbia de un leninismo impostado de falsa socialdemocracia por conveniencia, un socialismo desnortado que cree que encontrará su salvación en el radicalismo delirante, una IU sin referencias y ocupada ya por el Caballo de Troya de Podemos, y la versión más radical del nacionalismo.

Incluso ciudadanos despistados o mal informados del centro y la derecha, a quienes les supongo buena intención, entienden que el leninismo populista supone la superación de los problemas, aunque el caldo de cultivo de Podemos es el socialismo y su izquierda, y de ahí los nervios de este espectro político.

Es común asignar a los grandes partidos políticos la responsabilidad de la situación del país desde la transición ya que se han sucedido en el gobierno de la Nación; pero deben serlo no sólo de lo censurable, también de lo positivo que se ha construido, cada uno con sus luces y sus sombras. La corrupción no es del sistema ni de los partidos sino de las personas, como una de las lacras que acosan al ser humano. Ha habido corrupción en todas las épocas y en todos los sistemas, y más cuanto menos transparencia han atesorado. Las herramientas contra la corrupción son la transparencia y la leyes.

La lógica decepción de los ciudadanos ante la corrupción y el desgaste debido al doloroso ajuste necesario para salir del hoyo en que Zapatero dejó el país con un terrorífico desajuste en las cuentas, después de negar la crisis y ser obligado por la Unión Europea a afrontar insuficientes reformas, por cierto no asumidas por Pedro Sánchez, no debería desembocar en creer en la utopía de Podemos que condenaría a España a la realidad de una república bananera con los medios de comunicación amordazados, la oposición en la cárcel, y elecciones meramente decorativas, con el escenario del desabastecimiento, del hambre y de un caudillismo trasnochado. Monedero, número dos de Podemos, ha sido claro: “Chávez hace posible lo imposible”. Pues que se quede con eso, pero que no nos condene a padecerlo.

El principal líder del populismo leninista ha empezado a reconocerse en alguna realidad evidente. A cuarenta alumnos de la Complutense que viajaron al Parlamento Europeo por la generosidad de su rector Carrillo, Iglesias, profesor asociado (no funcionario por oposición, sino a dedo) les declaraba algo obvio: “No es ya lo que uno quiere hacer en política sino lo que puede hacer uno realmente en política”. Eso mismo es lo que unos y otros criticaban de Rajoy cuando ganó las elecciones y empezó a gobernar. No hizo lo que quiso sino lo que pudo, en el margen que le dejaban las erróneas políticas anteriores.

Ante el radicalismo rampante el Estado de Derecho debería responder activamente y aplicando las leyes, pero nos encontramos con muchas sorpresas.

Jone Amezaga, condenada por la Audiencia Nacional a un año y seis meses de prisión acusada de enaltecimiento del terrorismo, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo el pasado verano con orden de que se procediese a su detención para su ingreso en prisión, apareció el sábado pasado en Guenica ante cientos de personas que gritaban en favor de “un pueblo libre”, y habló a la concurrencia agradeciendo su trabajo y pidiendo que continuaran en el compromiso de “crear un pueblo libre”. Los servicios de información del Estado no se enteraron, ni la Policía ni la Guardia Civil hicieron acto de presencia para proceder a la detención de la condenada. El Estado de Derecho  falló.

Se han presentado públicamente documentos que avalan que Pablo Iglesias en su condición de empresario no cumplía ni cumple las más elementales reglas. Él mismo no ha sido capaz de negarlo sino desde la descalificación de quienes le denunciaban y pidiendo que echaran a la calle a un periodista que le interrogaba. Que se sepa, la FAPE no ha dicho ni pío, y la Asociación de la Prensa de Madrid, a la que pertenezco, tampoco.

Sobre los cobros en negro del propio Pablo Iglesias y de los trabajadores de sus empresas, el origen de sus cuantiosos fondos (de los que él mismo en un e-mail prohíbe a los suyos que se hable), la vulneración de la legislación laboral con sus empleados, la utilización aparentemente fraudulenta de una vivienda de protección pública como domicilio social de alguna de esas empresas y sede de su partido político, las propias limitaciones que  existen para el acceso a ese tipo de viviendas (que no es suya sino de su madre), y tantos flecos más, no tengo noticia de la intervención de la Inspección de Trabajo (ilustre Cuerpo al que pertenece el padre de Pablo Iglesias), ni  de la Agencia Tributaria, ni de la Fiscalía en lo que pueda concernirle. El Estado de Derecho está fallando.

Pablo Iglesias se ha atribuido la redacción y distribución del sms que convocó a una manifestación ilegal de acoso a las sedes del Partido Popular en la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2004, lo que supone una flagrante ilegalidad. No ha habido reacción salvo por parte del PSOE que llevado por los celos se ha declarado también responsable de aquella vulneración de la jornada de reflexión sin precedentes hasta entonces. Ante la autoinculpación en un presunto delito, el Estado de Derecho mira para otro lado; ha fallado.

Acabo de ver un video que está a disposición de cualquier curioso en internet, en el que Monedero justifica los asesinatos por parte de ETA de ediles del País Vasco. Acusa a la Policía de distribuir droga entre jóvenes en el País Vasco, en Barcelona y en Madrid para evitar que se convirtieran en críticos del sistema. Su veracidad no ha sido negada por su protagonista. Esperanza Aguirre fue la primera en desenmascarar las conexiones de estos populistas leninistas con el entorno etarra; cuando el asunto llegó a los tribunales el abogado de Podemos se presentó sin el preceptivo poder notarial… Increíble. “Fuese y no hubo nada”. Por el video de Monedero no conozco ninguna reacción. Ni de la Dirección General de la Policía, ni de la Fiscalía, en un caso que es, o así lo parece, justificación del terrorismo e injurias a la Policía. El Estado de Derecho ha fallado.

Los ejemplos podrían ser infinitos. Mientras el radicalismo envalentonado avanza, el Estado de Derecho parece replegarse. Así nos va. Si las próximas elecciones generales ofrecen una realidad parlamentaria ingobernable ya será tarde para los “mea culpa”. La moderación y la sensatez van perdiendo y el radicalismo va ganando. A los radicales siempre les quedará el derecho al pataleo de la agitación callejera, menester en el que son maestros.  A los ciudadanos moderados, los que se quedan en sus casas, esa mayoría silenciosa respetuosa con las leyes ¿qué les quedará?